Circunscrito a estudios basados en descripciones de acciones militares y anecdotarios patrióticos, solo en las últimas décadas el estudio de la guerra del Pacífico ha experimentado cambios verdaderamente innovadores en su análisis. Como un denominador común aplicable en los tres países involucrados, las nuevas perspectivas de investigación han definido posiciones críticas hacia las narrativas tradicionales del conflicto, por tratarse, en la mayoría de los casos, de crónicas escritas desde las élites, orientadas hacia sectores populares. El énfasis sobre episodios de importancia relativa o la exaltación de personas comunes que sacrifican sus vidas de forma heroica en circunstancias irreversibles, no fueron sino intentos por forjar una identidad colectiva en tiempos de crisis, funcional para ocultar acciones que pudiesen ensombrecer los méritos del triunfo o traslucir decisiones que restasen dignidad a la derrota 1 .

La renovación historiográfica ha contribuido a integrar pautas analíticas transversales, reactivando el interés general por conocer la instancia más decisiva de la vida republicana en Chile, Perú y Bolivia. Los avances teóricos y metodológicos, sin embargo, aún no reflejan en sus resultados una esperable superación de las contradicciones subyacentes entre la voluntad de comprender el conflicto con objetividad esperable y una inconsciente continuidad de prejuicios heredados de la formación cívica impartida desde pautas estatales en cada nación. En el caso chileno, donde el revisionismo ha tomado especial fuerza en los últimos años, los estudios de la guerra siguen avalando una mirada canónica en la que se demuestra, de modo irrefutable, cómo la virtud ciudadana, extendida como un valor distintivo de la sociedad, fueron determinantes para lograr el triunfo 2 . En los casos peruano y boliviano, el argumento explicativo para justificar el inicio del conflicto continúa siendo el interés de Chile por anexar los yacimientos salitreros y las guaneras de las provincias de Atacama y Tarapacá, una operación de tintes maquiavélicos que respondió a una política de Estado que se planificó metódicamente durante décadas 3 .

La razón que validaba el expansionismo chileno nacía de su propia Constitución Política, promulgada en 1833, que fijaba ambiguamente el límite norte del país en el desierto de Atacama. Los derechos de soberanía sobre parte de esa región tenían, incluso, el aval de la propia Iglesia Católica. La bula Ad Apostolicae Fastigium, dictada por el Papa Gregorio XVI en julio de 1840, creando el Obispado de Coquimbo, extendía su jurisdicción hasta 250 leguas al norte del río Choapa, alcanzando los 22ºS. En años en que la unión del Estado y la Iglesia en Chile igualaba toda disposición eclesiástica a las disposiciones legales emanadas del poder civil, la referencia deja de ser relevante 4 .

A pesar del reconocimiento del Vaticano y de mediciones realizadas por la marina chilena que situaban los dominios chilenos hasta el paralelo 21º45’S 5 , desde mediados de siglo las negociaciones tendientes a formalizar la frontera con Bolivia se limitaron a reivindicar el desierto hasta el paralelo 23ºS. Tras el acuerdo de límites de 1874, cuando ambos países concordaron la frontera en el paralelo 24ºS, el Estado de Chile no realizó posteriores reclamaciones territoriales.

El interés boliviano por formalizar la demarcación territorial con sus vecinos del sur no fue extensivo al Perú, país con el cual definiría sus fronteras tardíamente, entre 1902 y 1909. A fines del siglo XIX, el diplomático boliviano José Zarco sostuvo que el fracaso por definir límites, sugerido por La Paz en reiteradas en ocasiones antes de la guerra con Chile, respondía al interés peruano por conservar su hegemonía sobre un país en permanente conflicto interno, optando por dilatar todo arreglo a cambio de tratados comerciales, pagos y prebendas que acabaron con la industria nacional y la autonomía política del país 6 .

Convertido en un argumento inobjetable, tanto para Zarco como la gran mayoría de los historiadores y ensayistas bolivianos de la posguerra, la vulnerabilidad del país frente a Perú era consecuencia de su aislamiento geográfico y de una asumida condición mediterránea, pese a contar con una extensa franja litoral y un puerto, Cobija, relegado más por falta de impulso fiscal que por su deficiente conectividad con el interior. En contraste, el puerto peruano de Arica fue la puerta de Bolivia al mundo. Su relativa proximidad a los principales núcleos urbanos llevó a sus autoridades, desde 1826, a negociar su cesión, compra, acuerdos, canje o, incluso, su apropiación por la vía armada 7 .

Tras el fallido proyecto de Confederación de Andrés de Santa Cruz, las relaciones bilaterales se vieron condicionadas por conflictos aduaneros derivados de alzas arbitrarias en el valor de los aranceles sobre productos despachados desde Arica o Tacna al interior, una disputa que llevó a Bolivia a declarar la interdicción comercial hacia Perú en 1846, afectando la actividad vitivinícola de Moquegua y Arequipa, cuya producción se concentraba hacia el mercado boliviano 8 .

En tiempos en que el presidente José Ballivián proclamaba que “el derecho de Bolivia a comerciar por Arica se identifica con la defensa de su existencia” 9 , la inminente ruptura de vínculos fue postergada en 1846, tras conocerse la noticia de la organización en España de un contingente militar que, dirigido por del expresidente de Ecuador Juan José Flores y con el apoyo de la reina regente, planeaba la invasión militar a ese país para transformarlo en un protectorado hispano 10 .

Mientras Chile y la República de la Nueva Granada mantuvieron una posición distante al llamado del gobierno peruano para enfrentar unidos la amenaza, el régimen de Ballivián solidarizó con el de Ramón Castilla para enfrentar lo que parecía ser un intento por restaurar la monarquía en la región. Aunque el proyecto existió, al igual que el respaldo de la corona española, la concreción del protectorado de Flores era inviable 11 . La circunstancia, sin embargo, fue un argumento clave para descomprimir la tensión en las relaciones bilaterales,permitiendo al Perú negociar con Bolivia una alianza sustentada en la entrega a Bolivia de privilegios comerciales extraordinarios, como la supresión del cobro de todo tipo de derechos sobre las exportaciones e importaciones de productos internados o exportados por Arica con destino al país y el libre tránsito por su territorio 12 .

Promulgado en 1847, el tratado de paz y comercio (ratificado en Arequipa un año después), además de preservar los vínculos económicos y geopolíticos conBolivia, garantizaba al Perú la estabilidad en la región meridional, permitiendo centrar los esfuerzos militares y logísticos en la consolidación de la frontera norte, convulsionada por reclamaciones territoriales y conflictos armados tras la independencia de la Gran Colombia y la formación de la República del Ecuador en 1830.

El acuerdo de 1847 fue el inicio de una relación asimétrica determinada, hasta la guerra con Chile, por la renovación del pacto comercial en 1864, 1870 y 1878. Durante ese lapso de tiempo, el interés de los gobiernos peruanos por preservar nexos económicos y geopolíticos, para muchos resultaba incomprensible, tanto por el incumplimiento boliviano de cláusulas esenciales como por el alto costo financiero de sostener una alianza desigual. La percepción, en Perú, de Bolivia como un proyecto republicano fallido, sometido a una casta militar “corrupta e impredecible” 13 , como lo definió el propio presidente en 1879, revela un descrédito institucionalizado similar a la apreciación de anteriores ministros deRelaciones Exteriores, quienes, definieron al país como “una nación de delirios insensatos” y como “una personalidad moral secuestrada” entre su condición mediterránea y una deficiente organización administrativa 14 .

El criticado proteccionismo peruano, sin embargo, tenía objetivos superiores a su rentabilidad económica. Las exenciones tributarias de 1847, ampliadas a beneficios financieros en 1864, implicaron el cierre de las aduanas interiores y el control absoluto del comercio boliviano por Arica e Islay, al mismo tiempo que debilitaban su condición portuaria. La hegemonía, cimentada en la entrega de rentas menores, fue reconocida como un logro de la diplomacia peruana, al incluir en el acuerdo la liberación de pago de derechos sobre la internación de alcoholes producidos en Moquegua (la principal importación de Bolivia) y, en especial, por neutralizar futuros reclamos territoriales, al renunciar en lo sucesivo a reivindicaciones por compensación o enajenación 15 .

La negociación de los acuerdos comerciales de 1870 y 1878, en cambio, fueron condicionados por la conversión, en ese período, del salitre como recurso estratégico. La concreción del inédito monopolio impulsado por el gobierno de Manuel Pardo dependía en buena medida de Bolivia, cuya Provincia Litoral contaba con grandes reservas en despueble. Desde inicios de la década, las fórmulas para que su aliado comercial interviniese la industria establecida o negociase pagos por la producción no prosperaron, fuese por falta de capitales, o porque las prioridades fiscales bolivianas no se proyectaron la rentabilidad de ese recurso. La cesión en arriendo al Perú de gran parte de sus extensos salitrales, en 1876, no impidió que el laissez faire boliviano fuese considerado un riesgo mayor para la estabilidad del negocio, entendiendo que bajo ese mismo principio la competencia, en manos de capitales chilenos, producía y comercializaba salitre de similares estándares de calidad con un menor costo.

La urgencia de cumplir con los tenedores de bonos de deuda del negocio guanero y con la amortización de los certificados emitidos para la compra de salitreras, sumado al costo político y financiero de intervenir una actividad hipotecada a la banca limeña, dio pauta a reivindicar parte del litoral boliviano como opción fórmula para rescatar una economía nacional destruida por los malos negocios y la improvisación financiera. En ese contexto, el miedo al expansionismo chileno sobre territorio boliviano, un discurso fomentado por autoridades públicas desde Lima a través de medios de prensa, se transformó en un factor disruptivo que permitió al Perú ratificar su tutelaje sobre Bolivia. La firma de la alianza defensiva de 1873 debe contextualizarse sobre esta premisa.

Con la amenaza latente de Chile como el enemigo potencial, la dura negociación del tratado comercial de 1878 y la reivindicación sobre parte de la Provincia Litoral, impulsada durante el gobierno de Manuel Pardo y ratificada en el Congreso solo dos meses antes de la guerra, tensionó a tal punto las relaciones que, iniciado el conflicto, los aliados distaban de serlo.

El Tratado de 1847, que otorgaba amplias ventajas al comercio boliviano, también dejaba sin efecto jurídico el compromiso suscrito entre Simón Bolívar y José Antonio Sucre en agosto de 1826, para ceder a Bolivia los departamentos de Tacna y Tarapacá 16 . Aunque fue repudiado en el momento por el Congreso peruano, Bolivia le asignó un carácter oficial por emanar de una autoridad legítima y reconocida. La posible validez de la demanda boliviana, a juicio del ministro de Relaciones Exteriores, José Gregorio Paz Soldán y Ureta, podía tener implicancias jurídicas complejas que el país debía zanjar a la brevedad, justificando así la urgencia de su ratificación legislativa 17 .

La prioridad dada por Perú por comprometer a Bolivia a no realizar futuras reivindicaciones territoriales relativizó la importancia de las cláusulas comerciales, en especial, sobre aquellas disposiciones orientadas a fiscalizar el cumplimiento de normas relacionadas con temas arancelarios y el control de futuras emisiones de moneda adulterada por parte de Bolivia.

Los conflictos posteriores a la firma del tratado derivaron, precisamente, del incumplimiento de esos puntos. Los derechos aduaneros aplicables a productos destinados al mercado peruano fueron modificados, al menos, cuatro veces entre 1851 y 1867, sin consultar a Bolivia, impactando en el costo final de las mercancías despachadas a ese país. La moneda feble, a su vez, contribuyó a crear un singular sistema monetario regional en donde el circulante, por la disminución de su porcentaje de plata, era utilizado sin considerar su valor nominativo, recibiendo descuentos dependiendo de la disponibilidad de moneda fuerte. De uso extendido en la economía centro sur andina, el feble continuó acuñándose hasta 1867, inhibiendo durante décadas inversiones en la región en áreas productivas de alta rentabilidad.

Mientras Bolivia señalaba que la moneda nacional suplía la aguda falta de circulante en las provincias del sur peruano, el incremento porcentual de los aranceles respondía, según Lima, a la pérdida del poder adquisitivo ocasionado por sus continuas emisiones inorgánicas. La ocupación militar peruana de Cobija, en 1853, fue la respuesta al rechazo boliviano de autorizar una visita inspectiva del cónsul peruano a la Casa de Moneda de Potosí. La expulsión del diplomático fue seguida de la imposición de aranceles sobre las internaciones bolivianas, respondida por el gobierno de Isidoro Manuel Belzú con la interdicción comercial y un breve período de autarquía 18 .

Las discrepancias entre Perú y Bolivia se mantuvieron en los años siguientes, alcanzando un punto álgido en 1859, con la ruptura de relaciones diplomáticas y la autorización del Congreso peruano al gobierno de Ramón Castilla a declarar la guerra en 1860. Solo en noviembre de 1863, ambos países acordaron un nuevo tratado de paz, pocos meses después del incidente de Talambo, donde la muerte de un colono español sirvió de justificación basal para la ocupación de las islas Chinchas por la Escuadra española, en abril de 1864. Como en el acuerdo anterior, Perú privilegió resguardar intereses superiores buscando la solidaridad de las naciones vecinas. En el caso boliviano, el acuerdo tuvo la particularidad de formalizar, por primera vez, una alianza militar que comprometía asistencia mutua en caso de agresión de un enemigo externo.

Declarada la guerra a España, el casus foederis explicitado en el convenio no fue activado por no tener la ratificación de la Asamblea Legislativa 19 . Limitando el respaldo a expresiones de solidaridad, la condena del gobierno de José María de Acha no varió una declarada neutralidad que, según diplomáticos chilenos del período, perseguía supeditar el ingreso de Bolivia al conflicto, a la negociación de un nuevo acuerdo comercial cuyas bases fueron presentadas al representante peruano en La Paz 20 .

La propuesta, aprobada con ajustes por el gobierno de Juan Antonio Pezet, difería del acuerdo comercial anterior, al crear una peculiar unión aduanera que suprimía las aduanas interiores bolivianas, ampliando el registro, además de Arica, al puerto de Islay. En razón de los beneficios generados por la exención de derechos de importación para sus productos industriales y naturales, Bolivia recibiría un pago anual de $360 mil soles peruanos (en adelante P$), quedando a cuenta y riesgo de Perú el cobro de derechos y las ganancias o pérdidas que resultasen de la operación 21 .

El borrador tuvo cambios menores, pero relevantes, como la aplicación de los aranceles peruanos sobre el tráfico portuario de Cobija y el control de la correspondencia boliviana despachada al extranjero. Aprobado antes que el Tratado de Paz y Amistad, la entrega de la subvención era superior a la recaudación de todas las aduanas bolivianas en 1863, equivalente a P$295.000 22 . Se ha estimado que los ingresos fiscales del país por recaudación aduanera, que en 1850 representaban el 28% de las entradas nacionales, en 1865 se habían transformado en la segunda entrada del país, solo inferior a las entradas con contribuciones indígenas 23 .

Para Perú, en cambio, el acuerdo no generaba ventajas aparentes. En 1862, la aduana de Arica produjo P$362.029, disminuyendo su recaudación en 1863 a P$262.593 e incrementando levemente en P$313.743 en 1864. Posterior al tratado, en 1865 la recaudación ascendió a P$414.728 y a P$478.536 en 1866. Asumiendo la veracidad de estas cifras, los beneficios del acuerdo fueron mínimos, deduciendo que el costo de ceder las entradas de las aduanas del sur garantizaría la participación boliviana en la alianza contra España 24 .

La actuación de Bolivia en el conflicto acabó siendo simbólica, al integrarse a ella cuando la Escuadra española se había retirado del Pacífico. La incursión naval, no obstante, evidenció cuán vulnerable era el extenso litoral boliviano y en qué medida la ausencia de fiscalidad al sur de la frontera consuetudinaria establecida en el río Loa, ponía en riesgo la seguridad de ambos países. Durante el conflicto, la flota española se abasteció sin mayores dificultades de carbón, agua y otros insumos esenciales despachados desde Cobija, donde las principales casas comerciales eran españolas, las que apoyaron sin reservas la causa reivindicatoria 25 .

Hasta entonces, la percepción general de la Provincia Litoral, en Bolivia, era la de un territorio yermo, lejano e ingobernable. Incluso en tiempos en que la explotación del salitre y la plata atraía a miles de inmigrantes, un periódico paceño se refería a ella como una “franja árida perdida por una parte entre desiertos y por otra confinada sobre playas escarpadas que dificultaban su comunicación exterior e interior” 26 .

Las apreciaciones tenían relación con la distancia de la costa con núcleos urbanos del sureste del país, una zona que concentraba menos de una quinta parte de la población. Desde Cobija a Calama, el tránsito tardaba dos días a través del desierto, demorando desde ese punto hasta Potosí otros quince. Sin infraestructura para reducir los tiempos de desplazamiento, los traslados se realizaban preferentemente por la costa peruana, un periplo largo y costoso. En 1875, el gobierno envió a Cobija un destacamento a sofocar una revuelta militar, trasladándolo desde Oruro a La Paz, donde esperó por semanas la autorización de Lima para atravesar suelo peruano y embarcarse en Mollendo hasta ese puerto. La diligencia tomó casi seis semanas 27 .

El tratado entre Chile y Bolivia de 1866, el primero en integrar territorialmente el desierto en la discusión limítrofe, debe contextualizarse en la importancia para ese país de formalizar la frontera sobre una región con un potencial económico incalculable, pero difícil de rentabilizar. La nueva demarcación, establecida en el paralelo 24°S y con una zona económica entre los 23°S y 25°S bajo administración boliviana, además de restringir la expansión chilena, garantizaba al Estado boliviano la mitad de los derechos aduaneros colectados de la explotación del guano y minerales.

El acuerdo, considerado ventajoso en ambos países, no dejó indiferente a Perú, en momentos en que la riqueza de las guaneras de Mejillones, relativizada hasta entonces por la baja productividad que declaraban las concesiones previamente autorizadas por Bolivia, fueron revalorizadas en 1869, con la inclusión de Enrique Meiggs en la actividad. El comerciante norteamericano obtuvo el derecho para exportar hasta cuatrocientas mil toneladas de abono por tiempo indefinido, a cambio de la cesión de un empréstito y la negociación de término de los contratos con antiguos concesionarios 28 .

Paralelamente, Meiggs negoció con el gobierno chileno la compra en Francia de dos barcos para su Marina, a cuenta de las utilidades del negocio. Sin conocerse públicamente los detalles del acuerdo, se especuló que la operación consideraba, además de esas naves, la adquisición de un monitor blindado en Inglaterra, información que fue transmitida por el cónsul peruano en Mejillones a su gobierno 29 . La noticia, admitida como fiable por Lima, confirmó el proceso de modernización de las fuerzas navales chilenas iniciada en 1867, cuando ese país negoció con el gobierno británico la liberación de astilleros locales de las corbetas O’Higgins y Chacabuco, acordando para ello una tregua formal con España, permitiendo a ese país disponer de dos fragatas retenidas durante el conflicto por la neutralidad inglesa 30 .

Las protestas de Perú a la negociación chilena con España pusieron fin a la alianza defensiva formada en 1865, al tiempo que adquiría en Estados Unidos los monitores Atahualpa y Manco Capac. Dos años después, la Armada peruana sumaba a su flota los blindados Huáscar (monitor), Independencia (fragata) y las corbetas América y Unión 31 .

La formación de la flota más poderosa de Sudamérica no aplacó las consecuencias de una disputa diplomática donde la violación del acuerdo de 1865 se contraponía a las gestiones peruanas ante el gobierno británico para impedir el zarpe de las naves. En medio del resurgimiento de discursos nacionalistas, la prensa peruana, en connivencia con las autoridades políticas, construyó la imagen de Chile en un enemigo potencial, que se armaba para conquistar la región salitrera de Tarapacá, donde tanto las principales inversiones en la industria como la mano de obra operativa en ellas era de ese origen.

Con el objetivo de evitar que esa provincia se transformara en la región costera boliviana, se reforzó la administración estatal en Tarapacá con la creación, en 1868, de la Provincia Litoral, escindida de Moquegua, y la creación de tribunales judiciales civiles de primera instancia, autónomos de Tacna. El puerto de Iquique comenzó a concentrar las funciones políticas en desmedro de la capital, Tarapacá, y la creación de la municipalidad de Iquique en 1866, permitió a industriales, comerciantes y profesionales tomar parte en labores públicas 32 .

Con el objetivo de minimizar la presencia de capitales extranjeros, los gobiernos del período impulsaron la industria salitrera con la entrega de privilegios exclusivos y concesiones mineras a capitales nacionales. En octubre de 1868, el gobierno de José Balta otorgó a la sociedad Montero Hermanos autorización para construir un ferrocarril entre el puerto de Iquique y las salitreras de La Noria, obra ejecutada por privados con garantía del Estado. Un año después se iniciaban las obras de un muelle fiscal, la construcción del edificio de Aduana y de los almacenes fiscales, al tiempo que se anunciaba el tendido de un cable submarino que comunicaría Iquique con Lima 33 .

El proceso de integración consideró la importancia de delimitar un territorio cuyos límites, hasta entonces, eran reconocidos en los márgenes del río Loa, sin validación documental que la ratificase. El gobierno peruano, por primera vez, propuso crear una comisión demarcatoria conjunta, acordando resolver el asunto en un plazo no mayor a dieciocho meses 34 .

El protocolo fue presentado a Bolivia en momentos en que el gobierno de Mariano Melgarejo denunciaba la complicidad de Lima con militares exiliados, quienes preparaban milicias en el sector peruano del lago Titicaca para derrocarlo. Las tensiones se exacerbaron en agosto de 1868, cuando Mariano Montero, cónsul boliviano en Tacna, fue acusado de violar los sellos de la correspondencia diplomática peruana rumbo a La Paz. La cancelación del exequator del cónsul, un político cercano al presidente, fue interpretado por Melgarejo como un acto hostil que se sumaba a las alzas sobre el valor de los aranceles aplicados sobre el comercio de importación en 1867.

Entre noviembre de 1868 y diciembre de 1869, el ejército boliviano realizó tres incursiones sobre territorio peruano. La más grave, sin embargo, ocurrió en enero de 1870, cuando una expedición militar ocupó el poblado de Huancané. Justificado como un avance destinado a detener el conflicto entre dos comunidades indígenas fronterizas, el incidente acabó por ser reconocido como una persecución de contrarios al régimen, que provocó la destrucción de la aldea y la muerte de ocho ciudadanos peruanos 35 .

Días antes de la destrucción de Huancané, cuando el gobierno recibía noticias de la movilización de un importante contingente militar a la frontera, José Balta anunció el término unilateral de la vigencia del tratado de 1870, señalando que el término anticipado del acuerdo respondía a las continuas violaciones del tratado anterior, en especial, en lo referente a la continuidad de emisiones de feble durante el gobierno de Mariano Melgarejo.

Su uso en el comercio de Tacna y Arica se mantuvo invariable hasta 1868, cuando, tras el terremoto y tsunami que destruyó ambas ciudades, la venta de productos a Bolivia se restringió a su pago al contado, en plata o circulante legal, reduciendo en dos tercios los envíos a ese país 36 . La contracción del comercio boliviano resultaba, además, incongruente al incremento de la recaudación de derechos de aduanas en los puertos de sur. Mientras en 1863 la recaudación en Arica e Islay sumaba P$700.660,36, en 1871 la cifra subió a P$2.115.629,6. Considerando estos totales, la subvención a Bolivia tuvo un descenso del 51.3% de la recaudación aduanera al 19.1% 37 . Enfrentado a circunstancias que, bajo circunstancias similares, habían justificado en 1860 la declaración de guerra a Bolivia y la movilización de quince mil hombres, tras el asalto del pueblo de Zepita y el secuestro del subprefecto provincial, el gobierno optó por poner paños fríos, evitando poner en riesgo la estabilidad del comercio en una región que intentaba recuperar la normalidad, sin afectar las relaciones con Bolivia 38 .

La renovación del tratado comercial en 1870, en términos similares al de 1864, vinculó la crisis económica de las provincias meridionales con el reconocimiento boliviano de su responsabilidad al invadir territorio nacional, fue supeditado a la degradación militar del general Leonardo Antezana, responsable del ataque a Huancané, más el pago de P$10 mil como reparación a los habitantes de la aldea devastada.

La continuidad al acuerdo comercial fue, en estricto rigor, resultado del determinante apoyo dado por veintiocho de las principales casas comerciales de Arica y Tacna. En un extenso memorial enviado al gobierno, en febrero de 1870, sostuvieron que el desahucio significaba el retorno a modelos restrictivos de intercambio que perjudicaba los intereses económicos fiscales, al estimular el contrabando y centralizar las operaciones mercantiles. Aun siendo la demanda boliviana marginal en el total del movimiento comercial, el fin de los derechos de tránsito y la liberación del pago de contribuciones aduaneras repercutía en beneficio de ese país, al reactivar el uso del feble y someter el comercio lícito a una doble tributación. El incremento de la recaudación fiscal posterior a 1867 en la aduana de Arica era la mejor demostración de un sistema que era perfectible, y que, entre otros factores, había contribuido a transformar al Callao en el principal puerto de aprovisionamiento de la región, en desmedro de Valparaíso 39 .

El tratado de 1870, en estricto rigor, fue una concesión al comercio de Arica y Tacna, no hacia Bolivia, donde su renovación, tras el derrocamiento de Mariano Melgarejo en 1871, fue percibido como un gesto hacia las nuevas autoridades, proclives a volver a privilegiar las relaciones con Perú. Para el gobierno peruano, el acuerdo comercial fue un medio orientado a preservar relaciones próximas con Bolivia, involucrando al país en su rol de aliado estratégico, en lo que sería la mayor reforma estructural sobre su extenuada economía.

La creación del estanco salitrero, en enero de 1873, fue el primer paso hacia el establecimiento de un inédito modelo de control de un recurso estratégico por el Estado, en tiempos en que las economías globales, que obtenían buena parte de sus ingresos por medio de aranceles sobre las importaciones, evitaban gravar las exportaciones para no obstaculizarlas.

La importancia del salitre para la economía peruana había sido advertida desde años atrás. Exportado desde tiempos coloniales, los registros formales de sus despachos se remontan a 1828, cuando el gobierno otorgó las primeras licencias para regular su comercio. Con una importancia restringida a Tarapacá, su venta estuvo exenta por décadas del pago de impuestos aduaneros, lo que no permitió dimensionar su riqueza. Solo entre 1846 y 1847, durante un breve período en que su exportación fue gravada con un tributo menor, el salitre aportó el 7.7% de la recaudación fiscal 40 .

Enfrentado a la resistencia de productores, el salitre volvería a eximirse de pagos, sin perjuicio que, en 1855, Domingo Elías, expresidente y ministro de Hacienda de Ramón Castilla, previera que la riqueza del salitre reemplazaría en el corto plazo al guano. Para asegurar dicha prosperidad con beneficio fiscal, Elías propuso crear un banco para centralizar su compra, exportando hasta cuatro millones de quintales, monto que garantizaría conservar su alto valor de mercado y una demanda estable 41 .

La idea de restringir el comercio salitrero fue respaldada por los productores de Tarapacá, quienes en 1865 plantearon al gobierno la entrega de cuotas de elaboración, a cambio del cobro de un proyectado impuesto a su exportación. Tras oficializar el pago de cuatro centavos por quintal en 1868 (equivalente a casi el 5% de su valor de embarque), el prefecto, al informar a Lima del rechazo de los industriales a la nueva tributación, repuso la idea de crear un banco estatal de rescate de salitre, haciendo exigible el requerimiento solo a quienes optasen por su libre comercio 42 .

En Bolivia, en cambio, el salitre tuvo una importancia secundaria frente a otros recursos como el guano y principalmente la plata, tras el descubrimiento del yacimiento de Caracoles en 1870. Situado a 220 kilómetros al interior de Mejillones, su riqueza resultó ser tan excepcional que en 1873 el gobierno licitó la construcción de la primera línea ferroviaria del país, uniendo el mineral con Mejillones, cuyo costo sería financiado en su totalidad por el Estado 43 .

Algunos años antes, Mariano Melgarejo había cedido a la Sociedad Explotadora del Desierto de Atacama el privilegio exclusivo por quince años para la explotación y libre exportación del salitre de la Provincia Litoral. Alertado por el error de ceder el monopolio sobre toda la región, en mayo de 1870 restringió el permiso al Salar del Carmen, cediendo a su hijo Severo y a Juan Forrastal autorización para explotar las estacas abandonadas en los denominados Llanos de Tocopilla, posteriormente conocidos como El Toco, una franja de mantos salitrales de alrededor de 250 kilómetros cuadrados 44 .

El derrocamiento de Melgarejo, en 1871, fue seguido de la nulidad de las concesiones realizadas durante su gobierno, obligando a los concesionarios a dar prueba, ante tribunales, de la validez de los derechos adquiridos. Mientras Milbourne Clark & Compañía, sucesora de la Sociedad Explotadora, siguió la vía judicial, Severo Melgarejo y Juan Forrastal optaron por marginarse del caso. Después de una fallida licitación en noviembre de 1871, en septiembre del año siguiente los terrenos fueron asignados a cinco sociedades a través de un remate que no contó con mensuras previas, lo que dilató la entrega de las propiedades y la recaudación esperada del negocio. En 1874, solo 19.904 de los doscientos mil pesos esperados de la licitación habían sido pagados, sin que a la fecha los terrenos presentaran trabajos 45 .

Sin registros de producción conocidos, los extensos territorios se transformaron en un punto de interés para el gobierno peruano, principalmente por la creencia arraigada que el caliche al sur del río Loa tenía mayor pureza que los depósitos de Tarapacá. El tema, largamente discutido en el debate parlamentario sobre el estanco, fue percibido como un problema que en el corto plazo afectaría la competitividad del nitrato peruano en el mercado. Sometido a procesos de elaboración eficientes y sin intermediarios que incidiesen en el valor final, el bajo costo del quintal boliviano haría inviable el estanco 46 .

No existen evidencias documentales que corroboren la participación de capitales o instalaciones chilenas en El Toco anteriores a 1873. Tras el derrocamiento de Mariano Melgarejo, los gobiernos sucesorios anularon parte de las disposiciones legislativas decretadas bajo el régimen, afectando, entre otros intereses, las concesiones otorgadas a capitales chilenos, cuyos esfuerzos se orientaron a conservar los derechos de explotación en el sur de la Provincia Litoral 47 .

Los esfuerzos judiciales de Milbourne Clark & Compañía por hacer valer las concesiones que fueron asignadas durante la administración Melgarejo fueron seguidas con atención por el gobierno chileno, argumentando el deber ineludible de proteger los intereses comerciales y financieros nacionales en el exterior. Asumida como una medida de presión hacia el gobierno boliviano, la injerencia de La Moneda en el caso pareció comprobarse con la fallida expedición militar de Quintín Quevedo, quien, en junio de 1872, zarpó desde Valparaíso rumbo a Tocopilla, al mando de un reducido contingente que buscaba derrocar al presidente Agustín Morales.

El intento del general boliviano, uno más en una historia política escrita por sucesivas revoluciones internas (el propio Morales dirigió una expedición formada en 1854 en Copiapó para derrocar a Isidoro Manuel Belzú), fue vista como una señal irrefutable del interés chileno por apropiarse de la región, validada en el supuesto acuerdo de Quevedo de ceder parte del territorio litoral boliviano. El pago no sería por el apoyo chileno en su arribo al poder, sino por la posterior ayuda militar para lograr la anexión a Bolivia del litoral entre Arica e Iquique 48 .

Tras la fallida expedición, la Asamblea Legislativa aprobó, en noviembre de ese año, una ley autorizando solicitar una alianza defensiva a Perú, respaldada en la conveniencia de aprovechar su superioridad marítima sobre Chile. La resolución, seguida del compromiso del gobierno peruano para rechazar “las exigencias de Chile que considere injustas y atentatorias a la independencia de Bolivia” 49 , derivó en el tratado de alianza defensiva, firmado en febrero de 1873, que garantizaba la soberanía e integridad de ambos países.

El acuerdo, pese a su carácter militar, tenía disposiciones que iban más allá de su fin declarado, al resguardar los intereses salitreros peruanos limitando la autonomía boliviana en el tema salitrero. El tratado, en efecto, explicitaba el compromiso mutuo de no convertirse en protectorado u otra forma de control político que menoscabase sus respectivas independencias, no cediendo ni enajenando parte alguna de sus territorios, excepto en los casos de mejor demarcación de límites, lo que obligaba a someter a consulta al aliado cualquier resolución sobre estos puntos.

Las conversaciones previas al tratado defensivo se llevaron en secreto, presentándolas ante Chile como parte de las gestiones tendientes a formalizar una convención salitrera que integraría a Bolivia al proyectado estanco. Consultado por el representante chileno de los detalles del arreglo, el ministro de Relaciones Exteriores peruano le señaló que su objetivo era complementar con la compra de salitre boliviano los montos requeridos por el monopolio que la industria nacional no alcanzase a producir. El gobierno chileno no objetó el acuerdo, pero enfatizó que el territorio comprendido entre los paralelos 23°S y 24°S se encontraba bajo jurisdicción chilena, limitando un arreglo futuro con Bolivia al espacio situado al norte de Mejillones 50 .

La convención salitrera, proyectada como consecuencia del acuerdo defensivo y que consideraba la adquisición de parte de la producción boliviana, fue desechada al confirmarse el aumento de la capacidad de elaboración de Tarapacá. Una posterior propuesta para traspasar al Perú los derechos de usufructo por diez años, a cambio una subvención única de P$3 millones, aceptada por Bolivia, no prosperó por el cierre de las líneas de financiamiento en Europa 51 .

Desechada la posibilidad de insertar a Bolivia en el negocio salitrero, en 1873 el gobierno peruano solicitó al ingeniero francés Víctor L’Olivier la demarcación de las estacas y los estudios para determinar las reservas de salitre en El Toco. L’Olivier realizó un detallado estudio de la región, emitiendo en 1874 un informe donde estimaba una superficie de 43 millones de m3 de caliche, con un potencial de explotación de entre 100 y 150 millones de toneladas 52 .

La enorme disponibilidad de reservas de salitre no modificó la posición de la mayoría de los gobernantes bolivianos, partidarios de no restringir inversiones en un territorio sobre el que jamás se elaboraron planes estratégicos de integración. Al asumir el mando del país en 1876, Hilarión Daza reconoció que el salitre no era un mineral prioritario para la economía nacional. Contrario a la participación del Estado en actividades productivas, se mostró dispuesto a ceder la explotación del salitre en suelo boliviano por capitales privados, restringiendo el papel del gobierno a la entrega de protección y garantías sobre las adquisiciones legales que favoreciesen la explotación minera a gran escala 53 .

En línea con este discurso, en septiembre de 1875, parte de los terrenos en despueble fueron recuperados por el gobierno, licitándolos en enero de 1876 en arrendamiento por veinte años a cambio del pago de un canon de 120 mil pesos bolivianos anuales (en adelante B$) 54 . El remate fue adjudicado a Juan Meiggs, quien, en junio del mismo año, cedió la totalidad de sus derechos al gobierno peruano, a cambio del derecho de producir en esos terrenos un millón de quintales anuales durante los siguientes cinco. A partir de la cesión de derechos de Meiggs, la participación peruana en la propiedad salitrera boliviana se incrementó gradualmente hasta tener, al inicio de la guerra con Chile, los derechos de explotación del 72% de los estacamentos bolivianos en despueble y la propiedad de las principales oficinas instaladas en terrenos previamente adjudicados 55 .

La prensa peruana condenó el arriendo de los depósitos salitrales bolivianos, al ser una nueva forma de protección hacia una industria que no generaba beneficios públicos, esta vez en territorio extranjero, con abierto menoscabo a los propios intereses fiscales en Tarapacá. Años antes, sin embargo, esos mismos medios habían criticado la displicencia del gobierno frente al arreglo limítrofe entre Bolivia y Chile, aduciendo que la abolición del uti possidetis terminaba con la posesión territorial en derecho y consagraba la de hecho, convirtiendo los acuerdos de límites en inobjetables tratados de anexión 56 .

La pasividad de las autoridades centrales ante el anunciado expansionismo chileno transformaba al desierto de Atacama en territorio de conquista, una idea ampliamente difundida por la prensa de la capital, con sonada repercusión en Bolivia. La amenaza, sin embargo, era presentada como una generalidad, sin más argumentos que la disponibilidad de dos blindados adquiridos en 1874 y una población obrera mayoritariamente chilena en la Provincia Litoral y Tarapacá.

El inminente avance chileno sobre el desierto justificó la alianza defensiva de 1873, aunque abre interrogantes respecto de la urgencia que impulsó al acuerdo y, especialmente, de los fundamentos políticos que sustentaron esa idea. La hipotética posibilidad a una ocupación militar chilena del territorio comprendido entre el río Loa y el paralelo 22ºS respondía, al parecer, a un peligro que no tenía más fundamento que la exacerbación intencionada de un enemigo supuesto que, hasta el inicio de la guerra, no manifestó en la zona acción hostil alguna, ni dio señales de intentar una anexión de esos territorios.

El gobierno chileno, por el contrario, desde inicios de la década priorizó la resolución fronteriza con Bolivia antes de hacerlo con Argentina, nación que reivindicaba su soberanía sobre el estrecho de Magallanes y los territorios adyacentes. La compra de blindados en Inglaterra en 1874, presentado en Perú como un paso fundamental por consolidar el dominio marítimo sobre las costas del desierto, más bien buscó reforzar el debilitado poderío naval chileno frente a un eventual conflicto en la zona austral.

La construcción de discursos orientados a advertir del plan chileno por anexar el desierto, para el caso peruano debe ser analizada considerando las repercusiones económicas y sociales de las profundas reformas impulsadas durante el gobierno de Manuel Pardo sobre la industria salitrera. El proyecto, que vinculó la idea de progreso a la implementación de medios tecnológicos y la eficiencia en la administración de recursos considerados estratégicos, reconfiguraba el rol del Estado como garante de la paz interior y la propiedad privada, transformándolo en un instrumento al servicio de un sector de la élite financiera y política peruana, sin llevar implícito el principio del bienestar común. Bajo cualquier escenario, la consolidación de la industria salitrera solo era viable controlando los yacimientos salitrales en la Provincia Litoral.

El arriendo de parte de estos, en 1876, abre interrogantes respecto a susobjetivos, en especial porque que el beneficio económico de la operación para Bolivia era irrelevante, considerando que el Código de Minería de 1872 liberabaal salitre del pago de derechos aduaneros, fijando en B$40 anuales el impuesto a pagar por usufructo de estaca 57 . Sin réditos financieros, la autorización del régimen boliviano bien pudo responder a una mala gestión o a un gesto retributivo a la protección ofrecida por Perú en años anteriores, ratificada por el acuerdo defensivo de 1873. Sobre este punto, es clarificador que, para Daza, el interés del gobierno peruano de no explotarlas para no interferir en la producciónde Tarapacá fuese menos relevante que la estricta sujeción de ese país a las normativas mineras bolivianas 58 .

Es posible, no obstante, que existiese una razón específica: la autorización boliviana para que Perú dispusiese del salitre al sur del río Loa, tenía implícito el reconocimiento de la soberanía boliviana en esos territorios. En mayo de 1873, el prefecto de Tarapacá informaba a Lima de la adjudicación a privados de terrenos salitrales al sur del río Loa, una región que a su juicio era indiscutiblemente peruana. La afrenta, además de afectar el honor del país, atacaba los derechos de dominio de la nación y produciría grandes pérdidas financieras al país. El prefecto afirmó que el límite estaba en los 22ºS, “porque así lo enseñaba la tradición en esta provincia” 59 .

El tema limítrofe, cuyos antecedentes se remontan a la independencia boliviana, había vuelto a ser puesto en discusión en 1860 por Francisco García Calderón en su Diccionario de la legislación peruana, y por Mariano Paz Soldán en el Atlas Geográfico del Perú, publicado en 1865. Mientras García Calderón fijaba el límite sur en los 22º30’S, Paz Soldán reconocía la línea fronteriza sur en el paralelo 22°S desde la costa, siguiendo una línea ascendente que dejaba las salitreras de El Toco en territorio peruano 60 .

García Calderón hacía referencia, en su estudio, a la revisión de fuentes documentales en Relaciones Exteriores y archivos administrativos conservados en la subprefectura de Tarapacá, una información concordante con la petición elevada en 1842 por el entonces prefecto de Tacna, Manuel Mendiburu, al solicitar la nulidad de las primeras concesiones de explotación del guano por Bolivia asignadas sobre territorio peruano, al norte de los 22º30’S 61 . El reclamo no escaló, pero en junio de 1873, el propio Pardo solicitó a Mendiburu los antecedentes en que basaba su propuesta fronteriza. En respuesta, este señaló que los documentos probatorios habían sido remitidos a Lima, recordando que, aunque el río Loa no debía ser considerado límite en las regiones intermedias y cordilleranas, no le era posible garantizar que el reclamo incluyese la soberanía peruana sobre los mantos salitrales del Toco, un territorio no considerado de valor en la época 62 .

A pesar de que el propio Antonio Raimondi señaló al gobierno que “no existe un solo documento original en que se pueda fundar un verdadero derecho a la reclamación del territorio peruano” 63 , Pardo encargó a autoridades políticas y eclesiásticas de las provincias del sur y en Lima, la búsqueda de documentos que confirmasen la soberanía del país al sur de Tocopilla, al tiempo que comisionaba a Pedro Hoodsgard para cartografiar el desierto y describir las condiciones de producción, elaboración y exportación del salitre. Durante casi dos años, Hoodsgard recorrió la zona, trazando un mapa geológico entre los 20°36’ S y 24° S, abarcando toda la Provincia Litoral hasta la frontera con Chile 64 .

En septiembre de 1876, tras la cesión de derechos de Juan Meiggs sobre las salitreras de El Toco, un grupo de parlamentarios consideró como un error inexcusable del gobierno arrendar terrenos que, a la vez, presumía como peruanos 65 . Para dilucidar el caso, la Cámara de Diputados designó una Comisión de Demarcación Territorial, presidida por Mariano Paz Soldán, destacado político, hombre de ciencias y reconocido detractor del manejo de las relaciones con Bolivia 66 . En un ensayo publicado a inicios de 1878, Paz Soldán criticó con dureza la tendencia boliviana de asumir su aislamiento geográfico como una condición que obligaba a Perú a otorgar beneficios aduaneros y comerciales que comprometían los intereses nacionales y empobrecían a la nación. Paz Soldán exigía limitar las exigencias del vecino país y anteponer la conveniencia de Perú, dejando la opción a Bolivia de aceptar nuevas condiciones de intercambio o buscar alternativas en territorio propio o con naciones vecinas 67 .

Aun cuando las pretensiones territoriales peruanas eran de conocimiento público, en septiembre de 1876, el recién asumido presidente Mariano Ignacio Prado consideró oportuno involucrar a Chile en la futura reivindicación, aprovechando sus vínculos financieros y políticos en el país, y su cercanía con círculos militares (era general de división del ejército chileno). En diciembre de ese año, Prado presentó a Chile un tratado de comercio y navegación que especificaba protocolos a seguir en caso de que uno de los países firmantes declarase la guerra a una tercera nación, obligando a la contraparte a declarar su neutralidad. La propuesta dejaba entrever el interés peruano por contener la intervención de su contraparte, en momentos en que no existía una razón aparente de conflicto contra un país con el que Chile y Perú tenían una obvia proximidad. Su tramitación fue descartada en Chile, sin perjuicio de ser publicado en el Diario Oficial y despachado a La Paz para conocimiento de su gobierno 68 .

El gobierno de Hilarión Daza reaccionó ante la eventual expansión peruana intentando ejecutar en la Provincia Litoral inéditas disposiciones fiscales en la región. En febrero de 1877, la administración pública fue reforzada con la creación de la provincia del Loa como parte del departamento de Cobija, con capital en Tocopilla, subdividida en los distritos de Loa y Quillagua de Bolivia. A la designación de autoridades se sumaba la creación de un tribunal de primera instancia en cada una de ellas y la entrega de terrenos ubicados junto al Loa a colonos para fomentar la agricultura. A ello se agregó el emplazamiento de unidades militares en puntos estratégicos de la costa, el inicio de obras portuarias fiscales en Cobija (incluida su fortificación) y la construcción de un camino desde Tocopilla hacia Oruro y La Paz. Los planes para integrar la Provincia Litoral incluían el tendido de una línea ferroviaria entre La Paz y Antofagasta y el trazado definitivo de la frontera con Perú 69 .

Daza ratificó la condición marítima y soberana de Bolivia, promulgando, en enero de 1878, un inédito reglamento de puertos y aduanas que reconocía a Cobija, Mejillones y Antofagasta como puertos mayores, autorizando la exportación de cobre y el desembarco de mercaderías con licencia aduanera, en otras ocho caletas habilitadas. Para garantizar la formación de una marina mercante nacional, el gobierno otorgaba exenciones tributarias excepcionales a naves mercantes de bandera boliviana provenientes de puertos chilenos, cuyos productos quedaban libres del pago de aranceles 70 .

Meses antes, en octubre de 1877, Hilarión Daza había comunicado al gobierno de Mariano Ignacio Prado el desahucio del tratado comercial de 1870, acusando un trato inequitativo por parte de Perú en la distribución de las entradas de Arica 71 . El gobierno peruano, en respuesta, denunció el propósito boliviano por rentabilizar su condición mediterránea a instancias de las finanzas peruanas, acusando que pocos días después de la notificación, el propio Daza solicitó el pago adelantado de dos años de asignación aduanera para cubrir el déficit interno 72 .

Desde inicios de 1878, Perú aplicó al tráfico boliviano por Arica los aranceles cobrados a los productos destinados al consumo interno. Bolivia, por su parte, restableció una aduana en La Paz, sin exigir visación previa de las autoridades peruanas a la entrada de productos al país, aplicando en reciprocidad impuestos extraordinarios al ingreso de alcoholes peruanos 73 . En julio de ese año, el ministro de Hacienda propuso a los principales comerciantes de La Paz centrar sus importaciones por Cobija o Mejillones, reduciendo en dos tercios el valor de los aranceles para compensar el alza del costo del transporte 74 . El apoyo del comercio a la reactivación del tráfico por puertos nacionales exigía el despacho inmediato de los productos depositados en almacenes de Arica, liberándolos del pago de aranceles, una medida que sería la etapa previa a la declaración de una esperable interdicción comercial. La decisión del gobierno boliviano fue advertida por el ministro de Relaciones Exteriores peruano como un asunto “que admite intervención directa del gobierno” 75 , mensaje que La Paz consideró un gesto inamistoso que forzaba la ruptura de relaciones.

Los planes bolivianos se enfrentaron a la realidad de un país empobrecido, con un gobierno que destinaba más esfuerzos en contener las endémicas rebeliones militares internas que en concretar las proyecciones que confrontarían el avance peruano 76 . Presionado por las circunstancias, en octubre de 1878 Bolivia aceptó el acuerdo aduanero ofrecido por Perú, que restableció el libre tránsito y suprimía la aduana única, limitando su participación al cobro de un derecho del 4% ad valorem sobre mercaderías extranjeras despachadas desde Arica al interior, pagando en las aduanas de La Paz y Oruro los aranceles que Bolivia dispusiese.

El nuevo tratado no produjo una mejora en las condiciones de intercambio comercial ni fue solución para un país cuyo gasto público cuadruplicaba los ingresos. Mientras en Bolivia el acuerdo fue visto como una nueva afrenta al orgullo nacional e iniciaban las críticas al manejo de un gobierno que mantenía al país en una condición de dependencia, en Perú las autoridades admitían que el tratado era funesto para las finanzas nacionales, al retornar un modus operandi comercial anterior a 1864, que estimulaba el contrabando y la evasión tributaria. En ambos países, las condiciones del acuerdo generaron agrios debates legislativos que llevaron a Perú a postergar su aprobación a enero de 1879 y a Bolivia a hacerlo una vez iniciada la guerra con Chile. Hasta entonces, el gobierno de Daza intentó sin éxito reformular las condiciones del Tratado, sugiriendo el retorno al pago de una renta compensatoria, ajustable cada año a las entradas aduaneras de Arica 77 .

La inesperada ocupación del puerto de Antofagasta sorprendió a los aliados en una relación de pronóstico incierto: Bolivia, hundida en sus urgencias financieras y Perú sin consolidar la expansión de su frontera meridional. En noviembre de 1878, la Comisión de Demarcación Territorial concluyó que el límite meridional, conforme al uti possidetis, debía fijarse diez kilómetros al norte de Tocopilla, siguiendo línea recta hacia el interior. Un mes después, Mariano Paz Soldán publicaba Verdaderos límites entre el Perú y Bolivia, obra donde ratificaba la nueva frontera a cien kilómetros al sur de la desembocadura del Loa (22ºS), continuando desde ese punto una línea recta al interior 78 .

Su pretendida anexión de parte de la Provincia Litoral, respaldada por la legislación española, documentos eclesiásticos, incluso por referencias presentadas por Bolivia en anteriores arreglos limítrofes con Argentina y Chile, incorporaba al territorio peruano alrededor de sesenta mil kilómetros cuadrados, reivindicando la totalidad de la región salitrera comprometida en arriendo o en compra con certificados salitreros desde 1876 79 .

El inicio de las acciones militares de la guerra del Pacífico tuvo un frente de lucha paralelo a través de manifiestos y circulares donde cada país intentó justificar el conflicto ante la comunidad internacional. Chile adujo la violación de una cláusula de tratado de límites de 1874 sin mayor relación con asuntos fronterizos, mientras los aliados denunciaron la reacción de ese país al cobro de un impuesto sobre el salitre como una excusa para validar un planificado expansionismo 80 .

Sobre estos fundamentos, algunas observaciones. En los albores de la guerra, Chile aún sufría las consecuencias de la recesión mundial de 1873, que redujo las exportaciones y limitó su capacidad de cubrir importaciones. Aunque es posible asociar el interés sobre la región salitrera a esta crisis, meses antes del conflicto, el país debatía la creación de impuestos directos como medida de urgencia para cubrir el déficit fiscal. Privilegiando el servicio de la deuda, las fuerzas armadas habían sufrido fuertes recortes presupuestarios, tanto como que la guerra se iniciase con solo cuatro mil soldados e infantes de marina y con los recientemente adquiridos blindados en proceso de venta por no poder costear su mantención 81 .

La situación de Bolivia, como se ha esbozado, era igualmente dramática. En agosto de 1877, al presentar ante la Asamblea Legislativa el grave estado financiero del país, el ministro de Hacienda e Industria, Manuel Ignacio Salvatierra, expuso la absoluta desorganización de la economía boliviana. Lejos de responder a un liberalismo doctrinario, las finanzas públicas habían sido dirigidas de forma inescrupulosa por una reducida élite militar y política que privilegió los intereses de grupo, sin generar beneficio público. Fue la ruina fiscal la que llevó al gobierno a desahuciar el tratado comercial con Perú de 1870 y a imponer un impuesto sobre la exportación de salitre elaborado por capitales chilenos. En ambos casos se trató de medidas esperables, considerando tanto el costo producido por recientes epidemias, terremotos y sequías, como por la imposibilidad de contar con rentas extraordinarias. Los ingresos del guano de Mejillones habían sido entregados a sus acreedores por un plazo indefinido,

mientras las contribuciones departamentales, las recaudaciones de impuestos de minerales extraídos desde la Provincia Litoral y las entradas de Arica, se habían cedido vía licitación a particulares hasta 1878, 1880 y 1881, respectivamente 82 .

Enfrentado a una crisis económica y social sin precedentes, la posibilidad de involucrarse en un conflicto externo era improbable. Hasta 1879, y pese a las vicisitudes internas, los gobiernos bolivianos construyeron un frágil equilibrio geopolítico que, oscilando entre acuerdos limítrofes, comerciales o defensivos, lograron neutralizar el interés de sus vecinos por parte de su Provincia Litoral. Hilarión Daza, el denostado caudillo de la guerra, fue un activo promotor de la idea que Bolivia no podía ni debía involucrarse en política internacional antes de consolidar su política interna, restringiendo los asuntos externos a la conservación de buenas relaciones con las naciones colindantes 83 .

Perú vivía su propio calvario. Tras el frustrado estanco, en marzo de 1875 el gobierno cedió la gestión del negocio salitrero a un consorcio integrado por tres de los principales bancos de la capital. En enero de 1878, el banco La Providencia compró la participación del negocio a sus asociados, acordando con el gobierno, en julio de ese año, nuevas condiciones para centralizar la administración del salitre. Cedidos sus derechos a la Compañía Salitrera del Perú, el banco obtuvo la consignación de venta del nitrato durante cinco años, con un límite anual de ventas de seis millones de quintales, destinando sus ingresos al reembolso de los montos destinados al servicio de intereses de los certificados salitreros y de las mesadas al gobierno.

Los préstamos otorgados al gobierno por el sistema bancario entre 1875 y 1878, reclamados en 1912 por los tenedores de acciones de la Compañía, equivalían a la quinta parte del total de la deuda interna consolidada del país antes de 1879. Como en el caso del guano, el manejo el negocio salitrero como un medio para garantizar el pago de las acreencias de un Estado en quiebra, derivó en la conversión del mineral en un instrumento hipotecario orientado a cubrir el creciente pasivo fiscal, no a proyectar la recuperación económica del país.

De los tres países involucrados en el conflicto, Perú era el que más razones objetivas tenía para provocarlo. La inminente anexión de parte de la Provincia Litoral boliviana está directamente relacionada con el control del salitre por la banca limeña y el sometimiento de un Estado subordinado a la dependencia crediticia del sistema financiero. En ese contexto, la opción de ampliar la producción para incrementar los ingresos era tan importante como la necesidad de elevar la moral de una nación que, una vez más, veía como se dilapidaba un recurso de alta demanda. En una región sin presencia militar permanente, no parece ser coincidente que en abril de 1879, iniciado el bloqueo de Iquique, se encontrasen acuartelados en Tarapacá alrededor de tres mil soldados y oficiales, ubicados la mayoría de ellos en valles interiores próximos a Quillagua, en la ribera norte del río Loa, colindante a las salitreras bolivianas 84 .

La guerra del Pacífico en nada tiene relación con la esperada ocupación de los llanos salitrales de El Toco. Su reivindicación, por lo demás, no consideraba la región salitrera meridional, controlada por capitales chilenos, ni interfería en el reclamo de ese país contra el gobierno boliviano, acusando la ilegalidad en el cobro de un impuesto creado sobre la exportación de salitre. Frente a las evidencias del caso, pareciera ser que ni Perú ni Bolivia previeron la importancia dada por Chile a la denuncia de incumplimiento del artículo 4º del tratado de 1874, que estipulaba que las personas, industrias y capitales chilenos invertidos en el litoral boliviano no serían sometidos a más contribuciones que las que pagaban hasta la fecha, durante los próximos veinticinco años. Al tratarse de una imposición y no una controversia interpretativa, un eventual arbitraje no tenía lugar.

Como se indicó con posterioridad en uno de los manifiestos bolivianos para denunciar la agresión chilena, el rechazo al cobro de parte de las inversiones en la actividad salitrera, no pasaba de ser un problema de resolución en tribunales, por ser de un conflicto entre privados y el Estado boliviano 85 . La idea de judicializar el caso era probable, atendiendo la convicción de que, hasta la fecha, el gobierno chileno se había mostrado más propenso a estimular inversiones de connacionales en regiones con alto potencial de negocios, que a la posibilidad de anexar territorios. La posibilidad de considerar el impuesto como causal de guerra era aún más lejana en tiempos de crisis financiera, cuando las relaciones con Perú y Bolivia eran cordiales y las tensiones bélicas chilenas se centraban en el otro extremo del país, en la disputa con Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes.

Existe un último punto a considerar. Al margen de los comerciales, desde 1831 la historia de las relaciones peruano-bolivianas registra un número no menor de acuerdos en materias diversas, la gran mayoría de los cuales no pasaron de ser formalidades. Todos ellos, no obstante, fueron de conocimiento público, esto es, con tratativas negociadas, aprobadas, promulgadas y difundidas a través de la prensa. Todos, a excepción del tratado defensivo de 1873.

Cuando Mariano Ignacio Prado manifestó no conocer el acuerdo, una vez presentada la solicitud de Bolivia para activar la alianza, quizá no faltaba a la verdad. El tardío ingreso peruano al conflicto, más que explicarse por una dilación intencional para preparar una guerra imprevista, bien pudo responder a la misión encomendada al representante en La Paz para persuadir a Daza a derogar el impuesto sobre el salitre chileno, gestión que ciertamente no fructificó por el mal estado de las relaciones 86 .

La guerra sorprendió a los aliados en posiciones irreconciliables, lo que se refleja con claridad en las divergentes perspectivas de análisis de los orígenes y causas de la guerra. Sin capacidad de proyectar unidad más allá de aspectos meramente funcionales, no es extraño que el conflicto con Chile se iniciase con la rápida pérdida de la región salitrera y el pronto retiro boliviano, más dispuesto a escuchar propuestas del enemigo por anexar el puerto de Arica que defender la integridad de un territorio nunca percibido como propio.