Dentro del esquema político vigente hasta el 4 de Noviembre de 1970 la intervención del Estado en las actividades económicas debía realizarse mediante disposiciones jurídicas que
permitieran a la autoridad social tener ingerencia en el manejo de los bienes privados, relativos a la producción industrial, al crédito, al transporte o al comercio.
Rodríguez Elizondo, J., & Silva Latorre, J. (2014). Procedimientos expropiatorios en el Decreto Ley no.520 de 1932. Revista De Derecho Público, (12), Págs. 97–115. https://doi.org/10.5354/rdpu.v0i12.34593