El derecho financiero brasileño se sitúa en el plano constitucional con el objetivo de posibilitar la realización de políticas públicas que atiendan a los derechos y garantías fundamentales. La escasez de recursos exige que los stakeholders de las finanzas públicas actúen de forma racional y eficiente. En este artículo, discutiremos cómo la legislación constitucional e infraconstitucional ha dotado al ordenamiento jurídico brasileño de instrumentos que pueden posibilitar la realización de políticas públicas. Sin embargo, la planificación racional no debe excluir la participación social en su formulación.