El presente trabajo tiene como objeto de estudio la Ley 21.208, conocida como «ley antisaqueos», publicada en enero del 2020, la cual modifica el Código Penal en materia de delitos contra el orden y la seguridad pública y de ciertos delitos contra la propiedad. En particular, incorpora un agravamiento para algunas penas asociadas a ilícitos que en la práctica suelen cometerse con ocasión de manifestaciones sociales. Las razones para comentar este cuerpo normativo se inscriben en el contexto del cual surge («estallido social») y en las repercusiones que su aplicación pudiera tener en lo que respecta al ejercicio legítimo y democrático del derecho a la protesta social. Este último aspecto, a la luz del reconocimiento que internacionalmente se le ha brindado a este derecho en materia de derechos humanos. De esta manera, nos interesa observar en qué medida esta ley puede conllevar un efecto criminalizador para el ejercicio del derecho a la protesta social.