En la ciudad de Santiago, la escasez de viviendas higiénicas para los sectores populares fue crónica durante las primeras décadas del siglo XX. Para paliar esto, en 1925 se implementó una novedosa política crediticia para trabajadores con ingresos elevados y estables. Hubo al menos dos poblaciones que, de acuerdo con esta modalidad de financiamiento, se concretaron: La Sociedad de Artesanos “La Unión” y la Cooperativa de Tipógrafos. El artículo explica por qué estas entidades tuvieron éxito, así como las actividades que desarrollaron, colocando hincapié en el estrecho lazo que esas organizaciones mantuvieron con la elite reformista de la época.

La escasez de viviendas urbanas asoló las condiciones de vida de los sectores populares de las grandes urbes del país durante todo el siglo XX, y fue motivo recurrente de las reivindicaciones y acciones obreras frente a la institucionalidad estatal 1 . En el inicio de la centuria esta escasez alcanzó expresión cabal en la ciudad de Santiago, donde la inmigración rural y el crecimiento natural de la población acentuaron el poblamiento en la denominada “periferia informal” de la capital del país 2 .

Una parte del problema que enfrentaba Santiago se originaba en el tipo de participación del capital privado en el mercado inmobiliario. Las empresas constructoras diseñaron viviendas tipo chalet en el oriente de la capital –Ñuñoa y Providencia– para sectores acomodados desde las primeras décadas del siglo XX 3 , mientras que las familias obreras quedaron bajo la directa influencia de propietarios de conventillos que, sin ánimo de hacer inversiones en las instalaciones que arrendaban, cometieron todo tipo de arbitrariedades 4 . La modernización de la capital de Chile 5 se expresó en esa dualidad, en el contraste de familias con acceso a barrios con extensas áreas verdes alrededor de clubes deportivos, y otras que, habida cuenta de jornales disminuidos y trabajo esporádico, enfrentaban una vida precaria dada por la falta de agua, electricidad y recurrentes inundaciones provocadas por los canales abiertos que todavía surcaban Santiago en 1930.

La respuesta a esa situación demoró tanto como el tesonero laissez faire decimonónico con que la elite abordó los problemas de la cuestión social. Al compás de las reivindicaciones del mundo obrero, reformadores de distinto signo político ensayaron sobre la necesidad de transformar la vivienda obrera y propiciar la moralización o regeneración del conjunto de los sectores populares 6 . Desde 1906, el Estado se hizo parte del problema habitacional al establecer consejos ad honoren para inspeccionar, higienizar u obligar a derrumbar las construcciones más insalubres de la época 7 . A través del Consejo de Habitaciones Obreras también se inició la construcción de las poblaciones San Eugenio (1911) y Santa Rosa (1913) 8 , pero la dificultad para allegar nuevos recursos impidió la ampliación de su programa inicial de edificaciones afectándose su capacidad para combatir contra los conventillos. Esta insuficiencia, sumada al incremento en los arriendos, determinó que en la ciudad se produjera una creciente lucha por la vivienda 9 . Frente al auge de las ligas de arrendatarios, distribuidas en comités y subcomités locales en Santiago, se produjo la renovación definitiva de la política habitacional estatal en momentos que la elite reformista de 1924 daba pasos francos en seducir a los sectores del trabajo con una amplia legislación social 10 .

En dicha coyuntura se dictaron normas que afrontaron, con más o menos éxito, el problema habitacional ofreciendo alternativas para ampliar la edificación al tiempo que se trataba de desactivar la influencia alcanzada por la Liga de Arrendatarios de Valparaíso y su par de Santiago 11 . Junto con los Tribunales de la Vivienda, el Ministerio de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo, en marzo de 1925, impulsó la construcción de viviendas obreras por medio del Decreto Ley n.° 308, marco regulatorio con el cual se fijaron bases institucionales y financieras que, a nuestro juicio, fomentaron un tipo particular de habitar en la ciudad.

¿Cuáles fueron los mecanismos que el Decreto Ley n.° 308 consideró para promover la edificación económica en las ciudades del país? ¿Qué características tuvieron los sectores del trabajo urbano de Santiago que participaron del proceso de edificación de poblaciones? ¿Cómo fue el proceso de edificación? ¿Cuáles fueron las características de los nuevos conjuntos residenciales para obreros? Estas preguntas suponen que el interés en el decreto señalado no está tanto en una evaluación detallada de su efectividad, sino en el examen del proceso que originó al permitir que algunas asociaciones de trabajadores lograran escalar en sus fines mutuales y de cooperación construyendo una población propia. Un camino tortuoso en el que transitaron diversas organizaciones de trabajadores entre 1925 y 1932 y exitoso, al menos, en dos casos que se analiza con más detalle: Sociedad de Artesanos “La Unión”, original de 1862, y la Cooperativa de Obreros y Empleados de Imprenta, fundada en la ciudad de Santiago en 1925. En nuestra perspectiva, ambas entidades, en el contexto político de los años veinte, consolidaron un estilo de vida cimentado en la privacidad del hogar, la higiene y una sociabilidad barrial con rasgos del mutualismo que cultivaron con anterioridad. Valores y atributos que les fueron fundamentales para negociar con autoridades y los constructores de sus respectivas viviendas. Y, por esto, se entiende que los miembros de estos organismos de trabajadores asumieron con reticencia el radicalismo obrero y las vías de politización maximalistas enboga durante la segunda década del siglo XX.

De acuerdo con Rodrigo Hidalgo, bajo los preceptos del Decreto Ley n.° 308 “las cooperativas de vivienda tuvieron una importancia significativa”, las que por primera vez se consideraron para “resolver el déficit de residencias” 12 . Hasta aquí, sin embargo, esto no ha propiciado investigaciones detalladas para reconocer la forma en que los sectores organizados del trabajo aprovecharon esta nueva institucionalidad, ni mucho menos se ha explicado el interés de sus creadores por asumir el cooperativismo. Un problema nada desdeñable, porque en el inicio del siglo hubo casos en que las estrategias cooperativas se utilizaron como parte de un programa de regeneración socializante bajo la influencia directa del socialismo. La imbricación de socialismo y cooperativismo fue el sustento de El Hogar Obrero de Buenos Aires, institución que en 1907 hizo un primer ensayo de edificación de casas para obreros 13 siguiendo raíces comunes con otras tantas experiencias análogas de Europa 14 .

En ese sentido, el estudio de dos poblaciones modelo de Santiago interesa como excusa para restituir la historicidad de las evaluaciones, estrategias y acciones que algunas agrupaciones de trabajadores desarrollaron en diálogo con autoridades, arquitectos y empresas constructoras. Se trata de discutir antecedentes que restituyan la agencia del mundo del trabajo respecto a la vivienda higiénica. Un área de análisis que ha quedado subordinada, en primer lugar, por el énfasis en el estudio de la (insuficiente) obra estatal en la edificación de poblaciones en las primeras décadas del siglo XX. Después, por presumirse que las asociaciones de trabajadores, si bien establecieron sofisticados mecanismos de ayuda mutua en ámbitos sensibles de la reproducción social como la educación y la salubridad 15 , no habrían hecho lo propio en el problema habitacional. Por último, debido al consabido costo que implicaba un proyecto “modelo” dotado de infraestructura urbana moderna –léase: alcantarillado, electricidad, agua potable o servicios sanitarios–. Estos motivos ayudan a explicar por qué parte de las investigaciones se han decantado por estudiar la autoconstrucción, la organización colectiva de pobladores y la emergencia de tomas de terrenos de la ciudad por parte de los sectores más postergados de la sociedad 16 . Como se espera discutir, ante un cambio institucional concreto, hubo sectores del mundo del trabajo de Santiago que lograron salir airosos en la creación de sus propias poblaciones modelo. Ante ello es preciso reconstruir sus iniciativas y las condiciones que enfrentaron en un contexto de aguda crisis y movilizaciones multitudinarias de las familias de extracción popular 17 .

Para avanzar en esto, a continuación se analiza el marco general de la legislación sobre la habitación obrera y los aspectos más novedosos surgidos en 1925 a propósito de la labor del Consejo de Bienestar Social que, en continuidad con el Consejo Superior de Habitaciones para Obreros creado en 1906, fue el encargado de gestionar los proyectos inmobiliarios que se discutieron bajo los preceptos del Decreto Ley n.° 308. En dicho apartado se precisa la importancia que diferentes “intelectuales” atribuyeron a la asociación obrera como motor en la formación de nuevas poblaciones modelo. Tras esto, se identifican los factores críticos que permitieron a algunas organizaciones de trabajadores beneficiarse de los recursos de la Caja de Crédito Hipotecario, así como de sus atributos con el propósito de comprender el éxito de algunas y el fracaso de otras al momento de construir “casitas” higiénicas en Santiago. Por último, se examina en forma sucinta la población en su disposición espacial como catalizador de una intensa sociabilidad vecinal y los inconvenientes que enfrentaron para consolidarse como proyectos para familias de una única organización, lo cual habría logrado sostener, no sin inconvenientes, tanto la población Artesanos como la población Los Gráficos que se inauguraron entre 1926 y 1927.

El Estado oligárquico desarrolló con lentitud una legislación para enfrentar uno de los problemas más agudos de la cuestión social: la escasez de habitaciones obreras. Esta preocupación se había extendido hacia los salones de la elite parlamentaria a través de las primeras cátedras de Economía Política en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica, así como en viajes recurrentes por Europa de políticos, empresarios, filántropos y sus cuadros profesionales. En conjunto estos sectores se persuadieron en forma paulatina de la necesidad de ensayar medidas de saneamiento general de las habitaciones obreras y, un paso más allá, avanzar en la construcción de poblaciones. Sin embargo, los llamados a prevenir esa situación movilizaron escasos recursos para concretar planes generales de edificación.

Según Alejo Lira Infante, miembro destacado del Consejo Superior de Habitaciones para Obreros creado en 1906, el problema financiero fue la dificultad insalvable de la obra social de dicha institución. En su presentación en la Semana de la Habitación Económica, celebrada en 1919, destacó la inauguración en Santiago de las poblaciones Huemul, San Eugenio y Santa Rosa, después de 1911 18 . A su juicio, estos proyectos emblemáticos de edificación que propiciaron entidades fiscales habían demostrado que no era incapacidad técnico-profesional, ni falta de interés por parte de las familias obreras en las casas higiénicas los inconvenientes que debían resolverse para avanzar en ese camino. El problema, lisa y llanamente, estaba en las dudas que despertaba en el parlamento la conveniencia de financiar estas obras a través del Presupuesto Nacional.

La Ley de Habitaciones Obreras de 1906 intentó, sin fortuna, crear incentivos para que el capital privado ampliara la disponibilidad de viviendas para los sectores del trabajo. Esta norma consideró exenciones tributarias hasta por veinticinco años en casos calificados y la realización de obras de urbanización con cargo a fondos municipales en aquellos proyectos inmobiliarios de tamaño superior a veinte manzanas. No obstante, la promesa de la edificación de habitaciones a través del capital privado fue una ilusión 19 . En los años siguientes a la ley, el cambio urbano que favorecía era acotado, y el número de casas concedidas a plazo poco podían disimular la extensión del conventillo insalubre como forma de habitar predominante. Para los financistas, los proyectos inmobiliarios a gran escala eran un negocio incierto, con rentabilidad a quince o veinte años y con tasas de interés poco atractivas, por lo cual representaban un riesgo innecesario si contaban con recursos para habilitar un conventillo, generando rentas inmediatas en ellos, o tenían la opción de subdividir sus propiedades en áreas suburbanas para arrendar o venderlas a familias empobrecidas 20 .

Esa renuencia hizo que al interior del Consejo Superior de Habitaciones para Obreros se discutiera sobre las diversas vías de financiamiento posibles. Una de ellas consistió en aprovechar los fondos de las propias familias obreras, lo que redundó en apoyar la conveniencia de establecer cooperativas de edificación en el país. Esta fue una de las “soluciones” más novedosas que se plasmaron en el Decreto Ley n.° 308 de marzo de 1925, iniciativa que por primera vez concibió la posibilidad de favorecer con recursos públicos a asociaciones obreras, en tanto tales, para el desarrollo de sus propias poblaciones.

Las virtudes, así como las dificultades de este modelo de fomento de la habitación popular en Chile se retrotrajeron a experiencias europeas, donde predominaba la influencia liberal y una reticencia generalizada a la realización de grandes intervenciones del Estado en el mercado inmobiliario. En Francia, durante las últimas décadas del siglo XIX 21 , el reformismo católico consideró que la ampliación de la propiedad era útil para dispersar “impulsos revolucionarios” 22 y, en ese contexto, las cooperativas de edificación se transformaron en una de las vías que ofrecía el mercado inmobiliario europeo para concretar ese anhelo. Una opción comprensible en un mercado protagonizado por actores privados (empresarios, rentistas, compañías cooperativas) y entidades sin fines de lucro o filantrópicas –como la Institución León XIII creada en 1891 en Chile 23 – que interactuaban con instituciones gubernamentales sin que estas ostentaran una influencia cabal como se produjo después de 1914 24 .

En el caso de las cooperativas, se trataba de proyectos donde los trabajadores concurrían con capitales propios en calidad de accionistas para la formación de un fondo colectivo mediante el cual se convertían en propietarios individuales de casas higiénicas. Precisamente, esta forma de cooperativismo fue la que se discutió en Chile como medio para ampliar el mercado y atenuar el conflicto social por la propiedad existente en la capital del país.

Esta posibilidad la examinó con detalle el arquitecto Isaías Águila en 1904 al publicar un extenso informe donde, recogiendo la experiencia belga, no dudaba en señalar que “la asociación i la economía de pequeños capitales, impuestos por los mismos que van a ser beneficiados” 25 eran parte de la solución habitacional que se requería en el país. Ante la falta de iniciativa del Estado y la envergadura de los fondos requeridos en la construcción de viviendas para “la clase pobre”, Águila consideraba que esa asociación “es la que hace el milagro, podríamos decir, de convertir en propietario al que no lo era i de llevar la tranquilidad, la alegría i un sinnúmero de beneficios al hogar” 26 . Esta impresión estuvo en la generalidad de quienes apoyaron en Chile el cooperativismo, en el marco de una tradición capitalista neta. Sin embargo, era una opción que el mismo arquitecto reservaba en un inicio para “empleados de una misma empresa estable, duradera, que no morirá seguramente con la vida de un hombre ni talvez con dos o tres jeneraciones; [...] empleados u obreros [...] estables o que mas duran en sus ocupaciones o trabajos”, restricciones que hacían difícil su aplicación en Chile con excepción, por ejemplo, de los operarios de ferrocarriles. Con ellos, Águila intentó una “demostración matemática” de las virtudes de la cooperación mutua para la edificación de viviendas higiénicas 27 .

Este plan, válido para los trabajadores de la empresa de ferrocarriles, conceptualmente, exigía una condición previa nada sencilla para los escuálidos ingresos de las familias obreras: el ahorro, que constituiría para Simón Castillo y Javiera Letelier un “paradigma moralizador” del conjunto de las actitudes y comportamientos de los sectores del trabajo definido por la elite al inicio del siglo XX 28 .

El abogado conservador, Alejo Lira Infante, sistematizó dicha posición atribuyendo al ahorro una condición necesaria para conseguir una propiedad, sea por estrategias individuales o colectivas/cooperativas. En su opinión, el ahorro era un “hábito, una costumbre, un sistema que impone sacrificios, por lo que constituye una virtud”29. Revestido de un aura trascendental, propia del catolicismo, el ahorro en Lira era una opción para una delgada capa de familias obreras llamadas a resolver sobre sus propios hombros el problema habitacional. Quienes, además de estabilidad en sus jornales y capacidad de ahorro, tenían la posibilidad de “hacer uso del crédito que para la adquisición de terrenos y propiedades les franquea la Caja Nacional de Ahorros a sus imponentes” 30 , o bien, incorporarse a alguna cooperativa de edificación, opción que en 1912, en Chile, era todavía desconocida y que recomendaba introducir en la medida que permitía convertir “al obrero en capitalista constructor de su misma casa” 31 . Para Lira Infante, se trataba de desarrollar una barrera robusta frente a quienes buscaran extender los discursos radicales y maximalistas, planteamiento recurrente en otros reconocidos intelectuales de la época como Julio Pérez Canto o Juan Enrique Concha Subercaseaux.

Un destacado ingeniero y miembro del Consejo Superior de Habitaciones, Carlos Carvajal, también se mostró favorable a esta forma de ampliar los alicaídos capitales en la construcción. Como conocedor en detalle de cuál era la emergencia habitacional de Santiago, Carvajal no tuvo dudas de la conveniencia de explorar el cooperativismo. Sobre todo, porque entendía que la ciudad experimentaba una situación paradojal difícil de resolver en las primeras décadas del siglo XX. Por intermedio de la Ley de Habitaciones de 1906, año a año, se demolían los conventillos insalubres y, si bien, eso era lo necesario para “proteger” a la familia obrera, abría una caja de pandora hasta cierto punto irreversible porque la acción acumulada de dicho consejo contribuía a la acelerada construcción de habitaciones igual de deficientes en la periferia no urbanizada de la ciudad. Esta combinación, en el mediano plazo, fue decisiva para que se agudizaran todavía más los conflictos por las habitaciones y emergiera el Decreto Ley n.° 308.

En la óptica retrospectiva de un corredor de la plaza, Carlos Ossandón, habría sido 1914 cuando comenzó la curva ascendente en el precio de los arriendos de las habitaciones y el valor general con que se transaban las propiedades 32 , en lo que terminó siendo una carga inmanejable para los sectores del trabajo en los meses finales del primer alessandrismo.

Frente a este problema, Carvajal entendió que la construcción de habitaciones higiénicas era imperiosa y el fomento de la asociación obrera era una manera de fomentarla. Por cierto, dicha opción no significaba desconocer obstáculos económicos y culturales, los mismos que reconocieron algunos parlamentarios a mediados de los años treinta, cuando se refirieron en forma crítica al funcionamiento de las cooperativas de edificación creadas a través del Decreto Ley n.° 308, posición que también asumieron algunas visitadoras sociales, como Raquel Fernández quien tuvo directo trato con dirigentes de la cooperativa Manuel Montt, propietaria de una población ubicada en la chacra El Pino, en el sector de Independencia 33 .

Carvajal entendía que, en el país, “el pequeño capital es mui receloso de por sí” 34 , entre otras cosas, porque existían “dudas i prejuicios para entrar en Sociedades mui bien organizadas i serias”. En ese sentido, consideró que la implementación de un proyecto de edificación cooperativo debía superar la desconfianza que provocaban los quince o veinte años que tomaba el pago del conjunto de la deuda contraída al inicio de una población. Sin embargo, la extensión de esa desconfianza entre “los pequeños” capitales no desalentó sus esperanzas en esta vía de habitación popular advirtiendo, en sus conclusiones, sobre los cambios que requería la Ley de Habitaciones. Sugería que “el Estado debe conceder franquicias más prácticas para estimular la iniciativa privada en la formación de Sociedades constructoras de habitaciones baratas [...] con el fin de despertar la iniciativa privada, i de formar el espíritu de asociación i cooperación, tan adormecida en las clases modestas i trabajadoras” 35 .

El estímulo de las inversiones privadas en la construcción ocupó parte importante de la Asamblea de la Habitación realizada en Santiago durante 1919, ocasión en la que se discutió sobre la conveniencia de crear créditos garantizados por el Estado a partir de las cajas de ahorro existentes. Y que estas últimas tuvieran programas para financiar créditos hipotecarios a constructoras y cooperativas, tal como reiteraría en las primeras jornadas de la Exposición de la Habitación Económica realizada en septiembre de 1922 36 .

El trabajo estable de algunos obreros, sumado al hábito (cultura) del ahorro y confianza en la creación de una cooperativa fueron, en parte, las trazas de que se valió el Decreto Ley n.°308 para estimular la creación de sociedades obreras dedicadas a la edificación. Una posibilidad que, supeditada a oficinas estatales, fue bien diferente a la trayectoria de El Hogar Obrero en Buenos Aires debido a que, al ser sostenida por seguidores del socialismo, sus proyectos cooperativos de edificación estuvieron pensados para ser “embrión de [la] sociedad del porvenir o embrión de la sociedad colectivista” 37 , algo que estuvo del todo ausente en la propuesta de 1925. Lo cual no debe desconocer que, en Santiago de Chile, hubo organizaciones de trabajadores que respondieron en forma positiva al proyecto firmado por el doctor José Santos Salas en calidad de ministro de Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo, a través del cual el Estado –representado por el Consejo de Bienestar Social– en asociación con organismos obreros buscó fomentar la construcción de nuevos conjuntos residenciales modelo en el país.

En la exposición de los motivos de la iniciativa, el ministro Salas hizo presente que “el Gobierno cree resolver el problema mediante el consorcio de los particulares con el Estado. El éxito lo ve en esta unión. El Estado independiente de las fuerzas privadas de la nación no ha llegado a ningún pueblo ni llegaría en Chile a solucionar el problema” 38 . La incorporación de ese consorcio en el decreto ley fue la viga maestra del plan de fomento de la edificación obrera de los aciagos años veinte.

Aunque desde este punto de vista la nueva reglamentación era una innovación nada despreciable en la política habitacional en Chile, no lo fue desde el punto de vista constructivo. Las viviendas a que dio origen el decreto tuvieron continuidad con las propiciadas por la beneficencia católica desde 1891 39 y la obra constructiva del Consejo Superior de Habitaciones desde 1911 en Santiago. Se trata de soluciones habitacionales que ofrecieron un estilo de vida diferente al que predominaba en los conventillos, en la medida que estimuló la construcción con espacio suficiente para diferenciar las actividades internas de los miembros del hogar y desarrollar huertos o talleres, dando mejores condiciones para la vida familiar. Un tipo de vivienda higiénica que estuvo disponible solo para trabajadores con capacidad de pago, organización y autogestión en la tarea de allegar fondos para la casa propia. Por eso mismo, las poblaciones del decreto 308 se concretaron en áreas de limitada extensión de la ciudad, en lugares donde los precios del suelo todavía eran accesibles para familias de comerciantes, empleados, artesanos y un selecto segmento de obreros.

El Consejo de Bienestar Social, integrado, entre otros, por el ministro Santos Salas, el arquitecto Ricardo Larraín, Guillermo Bañados y Gustavo Walker Martínez, en un inicio dispuso de diez millones de pesos para efectuar préstamos para la edificación de viviendas por intermedio de la Caja de Crédito Hipotecario. De acuerdo con el decreto, este monto estuvo disponible para personas naturales que lo requirieran y, en especial, para “sociedades de obreros y empleados con personalidad jurídica [...] las cooperativas que formen con este objeto el personal de las instituciones armadas, empleados públicos y de empresas del Estado; a los de las sociedades cooperativas de construcción” 40 . Este era un llamado expreso para que las organizaciones de trabajadores, tanto del sector público como de la empresa privada agenciaran los recursos que garantizaba el Estado. En una entrevista, el ministro Santos Salas comentó que “lo que corresponde a los ciudadanos interesados en tener casa propia es agruparse, si es que no lo están, para decirles al consejo: “Deseamos un grupo tal de casitas, de tantas piezas, con tales comodidades y de un precio que oscile entre tanto y cuanto” 41 .

A eso se suma otro requerimiento no menos relevante, como acreditar fondos propios equivalentes al treinta por ciento de cada proyecto inmobiliario evaluado. Una disposición que en 1927 se dejó de exigir, pero que en 1925 o 1926 era imprescindible. Solo en circunstancia de tales recursos, el Consejo de Bienestar –que por el mismo decreto había sustituido al Consejo Superior de Habitaciones Obreras creado por la Ley 1838 de 1906– estudiaba la viabilidad y calidad de cada solicitud de edificación. En palabras simples, el decreto exigía que los requirentes tuvieran recursos al menos para adquirir el terreno de la futura población, en la cual se debían construir viviendas con una renta de arriendo inferior a 300 pesos mensuales o un valor de venta inferior a 30 000 pesos.

Con esas condiciones, la iniciativa tenía asegurado su fracaso como motor de edificación de viviendas higiénicas en el país. Desde el punto financiero establecía una barrera por sobre las posibilidades reales de la mayor parte de las familias obreras y, por ese motivo, en ningún momento produjo un movimiento masivo de construcciones que lograran prevalecer por sobre los conventillos. En Santiago, en casi ocho años de vigencia del decreto, se contabilizan 17 poblaciones cooperativas 42 ; un número irrisorio frente a la magnitud del crecimiento demográfico que vivía la ciudad y la consecuente escasez de habitaciones. En ese sentido, el estímulo a las cooperativas de edificación obrera no pasó de ser una alternativa inconclusa.

En momentos que se discutía el proyecto de la Caja de la Habitación, casi diez años después del Decreto Ley n.° 308, para el ingeniero Oscar Navarro, la sobrecarga financiera fue uno de los responsables de su disminuido impacto urbano. Aunque, a su juicio, existían otras debilidades como la dualidad innecesaria que se estableció entre el Consejo de Bienestar Social y la Caja de Crédito, el “valor excesivo de las habitaciones” encabezaba el listado de los “errores” de esta política social porque los “cánones mensuales [estaban] en desacuerdo con la capacidad de pagos de los obreros”. Según sus propios cálculos, “el valor medio de las casas construidas hasta la fecha al amparo de esa ley, es de $20.000”, en circunstancia que “el obrero chileno no puede, en promedio pagar un dividiendo mensual superior a $70.00 pesos”. Un monto mensual que en el mejor de los casos permitiría, según el mismo constructor, acceder a casas de $10 000 43 .

En suma, estas exigencias restringieron las posibilidades de numerosas organizaciones interesadas en aprovechar los créditos hipotecarios proporcionados desde el Consejo de Bienestar Social. A pesar de ello, sigue siendo de interés reconocer las acciones que las asociaciones obreras tomaron en relación con las disposiciones del decreto, las autoridades y empresas constructoras que buscaron hacer sus propios negocios. Para ello es necesario determinar con mayor rigor cuáles grupos de trabajadores intentaron aprovechar la nueva institucionalidad y las circunstancias precisas bajo las cuales, durante unos meses de 1925 y 1926, en Santiago prosperó la ilusión de vivir en una población modelo.

Al iniciar sus reuniones periódicas el 9 de mayo de 1925, el Consejo de Bienestar Social integrado en su primera etapa por el ministro Salas, el arquitecto Larraín Bravo, Lira Infante y otras personalidades involucradas en el estudio del problema habitacional en Chile, recibió peticiones de préstamos de múltiples asociaciones obreras. Esta dinámica se mantuvo por varios meses al recibirse solicitudes de organizaciones de Iquique, Valparaíso, La Calera, Santiago, Chillán, Concepción y Valdivia. Pero el proceso de evaluación no era automático y, por diferentes motivos, los primeros diez millones de pesos se invirtieron casi exclusivamente en Santiago. La viabilidad de cada proyecto se evaluaba desde el punto de vista técnico, pero también se consideraban las fortalezas asociativas con que contaba la organización en la medida que el crédito que beneficiaba a cada familia era documentado en forma colectiva en la Caja de Crédito Hipotecario. Entre todos los requisitos era fundamental un certificado para acreditar la propiedad del predio seleccionado por la organización beneficiada, lo cual significaba en la práctica que todos quienes celebraran un préstamo iniciaban las tratativas como propietarios legales de un predio reconocido.

En la ciudad de Santiago, gestiones afines de las sociedades obreras comenzaron a prosperar desde junio de 1925 tras la aprobación del reglamento que definió las condiciones y procedimientos de cada presentación. A partir de las actas del Consejo, publicadas en la Revista de la Habitación (1925-1927), es posible conocer las diversas entidades que concurrieron con proyectos específicos. Además de entidades ligadas a empleados del fisco como suboficiales del ejército, personal de la policía o la Asociación de Empleados de Correos y Telégrafos, el consejo distribuyó recursos, entre otros, a la sociedad mutual Dávila Baeza, la Unión de Peluqueros de Chile, la Asociación Chauffers de Chile, la Sociedad Gremio de Abastos y la Sociedad Mutual Igualdad y Trabajo. Estos últimos, organismos representativos de una tradición mutualista que todavía mostraba vitalidad en el marco de la sociabilidad obrera de Santiago y que, en la década de 1920, tuvo capacidad para articular sus reparos a algunos aspectos de la legislación social (a la ley del Seguro Obligatorio en particular) y manifestar su apoyo al ibañismo tal como lo hizo el Congreso Social Obrero 44 .

De todas estas organizaciones, la Sociedad de Artesanos “La Unión” 45 y la Sociedad Cooperativa de Obreros y Empleados de Imprenta de Santiago fueron las primeras que cumplieron con éxito la evaluación del Consejo de Bienestar Social y obtuvieron créditos hipotecarios para construir sus propias poblaciones. Y ambas se caracterizaron por incorporar a trabajadores con ingresos superiores a los estándares generales, además de ser partícipes de la cultura obrera ilustrada que se cultivaba en segmentos muy específicos del mundo obrero urbano del país en el inicio del siglo XX.

En el caso de “La Unión”, esto último se corrobora con el tipo y recurrencia de las actividades que se sucedieron en su centro social, ubicado en la calle Riquelme 589. En La Nación se publicaron en forma periódica extensas reseñas de sus asambleas, y de ellas cabe enumerar la realización de paseos campestres, jornadas teatrales, conferencias sobre el bienestar obrero relacionados con la salubridad, legislación social, alcoholismo o el ahorro. Además de su escuela nocturna Fermín Vivaceta, esta entidad, creada a mediados del siglo XIX, desarrolló jornadas de entretenimiento “sano”, y en la década de 1920 seguía proporcionando asistencia a las familias de sus asociados –vía cuotas mortuorias, servicios de salud o botica– con lo que mantenía con vigencia la tradición mutualista decimonónica. En ese sentido, era una entidad que contaba con una trayectoria, pero, sobre todo, reconocimiento social gracias a las intensas actividades en su salón.

A esa dilatada actividad se suma otro atributo: proximidad al mundo político. Según Venegas, un recurso inestimable en la persistente trayectoria mutualexistente en la ciudad de Limache en las décadas de 1930 y 1940 46 . A pesar de que en sus asambleas predominaba la opinión favorable a la autonomía y prescindencia respecto a las fuerzas políticas electorales, el máximo representante de la Sociedad de Artesanos en 1925 estaba en manos del político demócrata, exdiputado y ministro, Vicente Adrián Villalobos, quien había hecho carrera en la “conocida política de alianzas” que caracterizó a los demócratas en la segunda década de la centuria al incorporarse al gobierno del presidente de la República, Salvador Sanfuentes 47 .

Considerando esto se comprende porqué Adrián fue nombrado miembro del Consejo de Bienestar Social. Bajo esta circunstancia, “La Unión” se transformará en la primera asociación en obtener los recursos necesarios con los cuales logró inaugurar su población modelo alrededor de la Plaza Chacabuco –un área periférica de la ciudad– en 1926 48 .

Un éxito desde todo punto de vista para la sociedad mutual más antigua de la ciudad que se pavimentó desde antes que se concedieran préstamos hipotecarios, porque aprovechando la ascendencia de Adrián en la alta esfera política, tuvo oportunidad de discutir en La Moneda sus primeras ideas sobre una población con Arturo Alessandri cuando todavía no se había formalizado el Consejo de Bienestar Social; una vinculación sellada cuando el presidente de la República accede a apadrinar el estandarte social de la sociedad 49 .

Considerando esto, es claro que los fondos iniciales de que dispuso el Consejo de Bienestar para financiar poblaciones se distribuyeron con criterios selectivos. El órgano oficial del ministerio fue claro al advertir que “el Consejo estudia la petición, la seriedad de los solicitantes [...] para satisfacer el deseo de la entidad que lo manifiesta” 50 . Una señal inequívoca de los atributos de cada solicitante porque se añadía que solo “el arrendatario de honorabilidad acreditada por un cierto número de años sería reconocido como propietario de su inmueble” 51 , la cual estuvo asociada a la moralidad e higiene del hogar. Por eso la evaluación distaba de ser técnica, a pesar de que en el consejo participaran estudiosos del problema de la habitación.

Esta limitación también se confirma en relación con la segunda población inaugurada bajo el auspicio del Decreto Ley n.° 308, que perteneció a la Sociedad Cooperativa de Edificación de Obreros y Empleados de Imprenta de Santiago. En la actualidad, la conocida población Los Gráficos, inaugurada en el barrio Bellavista en junio de 1927.

La trayectoria de esta cooperativa, a diferencia de la Sociedad de Artesanos “La Unión” era incipiente, pero contaba con un activo igual de relevante como sustituto: la inclusión de operarios de las empresas periodísticas más importantes, con prestigio y respeto al interior de sus talleres. En la óptica de las empresas, “buenos trabajadores”. Una opinión imprescindible en la época porque el gremio de los tipógrafos, gráficos u obreros de imprenta tenían un reconocido historial de conflictos y oposición con las empresas. Según Peter DeShazo, era uno de los gremios radicalizados de Santiago que, junto con los operarios de la construcción, seguían “consolidando su poder después de 1921” 52 al congregarse en la Federación de Imprenta de Chile donde existía una “gran influencia” anarcosindicalista 53 . A contrapelo de esa tradición, “los socios de la Unión de Tipógrafos, que son los componentes de la cooperativa mencionada, ha sido su propósito hacer su petición ajustándose en todo a la ley de cooperativas y la ley de habitaciones baratas” 54 . Lo que demostraba el interés de estos trabajadores por integrarse al nuevo ciclo institucional que comenzaba en el país, algo que bien leyeron las empresas editoriales brindando apoyo directo a la cooperativa en gestación. La Nación, El Mercurio y El Diario Ilustrado contribuyeron con recursos propios en la conversión a accionistas de algunos de sus operarios al cubrir el 25 por ciento del valor inicial de las acciones tal como lo exigía la ley de cooperativas 55 . Una cifra menor para las principales empresas editoriales de la ciudad que tuvo incidencia directa en las opciones crediticias de la cooperativa, porque de acuerdo con el Decreto Ley n.° 308 la sociedad obrera quedaba obligada a depositar el 5 por ciento del valor de lo edificado como garantía en la Caja de Crédito Hipotecario 56 .

Este reconocimiento, afincado en una valoración de las empresas sobre el tipo de trabajo que realizaban los miembros de la cooperativa, se iba a sumar a las conexiones que los miembros directivos de la entidad tuvieron con personalidades influyentes. Si el demócrata Vicente Adrián tuvo trato directo con Alessandri, el gerente David Uribe –operario de los talleres de La Nación– utilizó sus propias credenciales para aproximarse al Ministerio de Higiene, desde donde nació el Decreto Ley que bien aprovecharía para levantar la población. No por otra cosa, Uribe reemplazaría, en 1928, a Adrián como “representante obrero” en el Consejo de Bienestar Social una vez reformada la entidad bajo la dictadura de Ibáñez, al mismo tiempo que tomaba un papel protagónico en el Congreso Social Obrero con el afán de fusionar el mutualismo y servir de apoyo a la obra de regeneración que ensayaba el régimen.

Antes, eso sí, Uribe mantuvo reuniones con un joven asesor ministerial, Oscar Schnake, cuando recién se iniciaban las tratativas de la cooperativa y procuró reforzar sus contactos directos con quien confirió el nombre al conjunto residencial una vez inaugurado, el doctor José Santos Salas, ministro de Higiene y candidato presidencial proclamado por la Convención Nacional de Asalariados en la que convergieron comunistas, sindicalistas, mutualistas, “disidentes radicales y demócratas, pobres urbanos que estaban protagonizando combativas huelgas de arrendatarios” 57 , apoyos que sucumbieron ante la alianza de la elite y sus partidos para favorecer a Emiliano Figueroa Larraín a fines de 1925.

Con todo, el camino exitoso que tuvieron los creadores de las poblaciones “La Unión” y “Los Gráficos” era de suyo especial, por no decir selectivo. Durante los primeros doce meses de trabajo, el Consejo de Bienestar Social había favorecido a veinte proyectos de edificación valorados en casi 14 millones de pesos para un total de 816 casas higiénicas, casi exclusivamente en la ciudad de Santiago. Y, entre ellas, las gestiones de los Artesanos “La Unión” y los Obreros y Empleados de Imprenta representaron los proyectos de mayor cuantía. La primera al obtener un préstamo por 2,8 millones de pesos y la segunda de 1,4 millones, las que solo fueron superadas por lo invertido en la población El Mirador de San Bernardo, el proyecto de mayor magnitud que visó el Consejo de Bienestar en su primer año de funcionamiento con casi 5 millones de pesos para 240 casas; parte de las cuales ocuparon operarios de la Maestranza de Ferrocarriles del Estado 58 . En conjunto, se trataba de trabajadores que gozaban de una situación estratégica en relación con la elite. Unos por consideraciones de carácter histórico, al ser reconocidos por su labor de regeneración y educativa entre los sectores del trabajo. Otros, por consideraciones de características económicas, en la medida que los obreros de imprenta además de prestigio contaban con recursos suficientes. Condiciones bastante especiales y que se combinaron con un propósito común: conseguir la edificación de una casa higiénica, digna del rango de “respetabilidad” y consideración social de que gozaban los miembros de estas organizaciones.

Los conjuntos residenciales financiados a través del Decreto Ley n.° 308, desde el punto de vista constructivo tuvieron continuidad con las tipologías utilizadas en Santiago desde fines del siglo XIX para los sectores obreros. Fueron poblaciones que, como el carácter mutual de algunas organizaciones que hicieron gestiones para edificar, respondían a una tradición de antiguo cuño. Si bien, en

un comienzo, el ministro Santos Salas proyectó la construcción de colectivos obreros como ya lo sugerían algunos arquitectos persuadidos de diseños modernos y económicos –como Luciano Kulczewski–, lo cierto es que las asambleas de trabajadores consideraron únicamente casas unifamiliares, con espacio para uno, dos o tres dormitorios, además de sala-comedor, patio y zona para un taller doméstico. Idealmente, una construcción similar al tipo chalet adquirido por las familias más acomodadas en los distritos de Providencia y Ñuñoa de la ciudad de Santiago. En el caso de la Cooperativa de Obreros y Empleados de Imprenta, esas condiciones se cumplieron en todos estos preceptos en la primera proyección ocupada para persuadir a quienes tuvieran suspicacias sobre el derrotero de la iniciativa cooperativa en gestación. Esta última construcción, bien se comprende con la imagen 1, mostró un estándar muy por encima de las posibilidades económicas de la mayor parte de la población capitalina. Y, por lo mismo, una figura del habitar obrero que debió sembrar en muchos una expectativa imposible de saldar.

Las poblaciones del Decreto Ley n.° 308 fueron, en su mayoría, bastante más sencillas que lo sugerido por la imagen 1 y solo con generosidad cabría inscribirlas en el prototipo urbanístico ciudad-jardín como se ha interpretado sobre la Población Artesanos 59 . Aunque la vivienda tipo A de la población Los Gráficos (imagen 2) tuvo un símil con la primera proyección, las 195 casas de la población “La Unión” tuvieron una fisonomía bien diferente (imagen 3), al ser de un piso y con dimensiones menores a las consideradas en las construcciones más amplias emplazadas en las calles Monitor y Monte Carmelo del sector de Bellavista.

En un informe de la Dirección Técnica de la Habitación se indica que, en Santiago, con cargo a recursos durante los primeros cinco años del decreto, se habían construido solo 98 casas individuales entre todas las poblaciones, y es probable que se destinaran a las cooperativas de personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, uno de los grupos que mejor acogida encontró en el Consejo de Bienestar Social. Según el mismo documento, se habían erigido 67 grupos residenciales entre los cuales se distribuían 1261 casas, cifra a la que

se debían añadir otros tres en construcción en 1933 y que daban lugar a 181 viviendas más en la capital 60 . La mayor parte de estas obras fueron posible por tres préstamos de bancos norteamericanos (1925,1926 y 1928), permitiendo inversiones algo superiores a 140 millones de pesos, la mitad de los recursos que en un principio se habían previsto en el inicio de las actividades del Consejo de Bienestar Social.

Estas cifras confirman lo señalado por otras investigaciones que han considerado el déficit general del fomento de la habitación barata de 1925 61 . La urgencia por viviendas para los sectores del trabajo no mejoró sustancialmente en los años veinte como lo atestigua la extensión del conventillo en cada rincón de Santiago y la capacidad política alcanzada por las ligas de arrendatarios que se aferraron tanto como pudieron a los Tribunales de Vivienda para evitar el alza de los arriendos. No obstante, estas viviendas fueron una solución bastante mejor en términos urbanísticos, y para muchas familias de trabajadores, un verdadero adelanto en sus respectivos proyectos de vida pues ofrecieron espacios que garantizaban privacidad al hogar. Lo que constituye un aspecto moderno del habitar difícil de conseguir en las habitaciones populares de la ciudad, clave en la transformación general en la forma de socialización en la medida que

una familia se haría partícipe del espacio citadino sobre la base de este hogar obrero, no a expensas de él.

El origen de esa sociabilidad, en todo caso, no estaba en la casa. Las poblaciones La Unión y Los Gráficos se distinguen por el origen singular que tuvieron en comparación con los conjuntos Huemul, San Eugenio o Santa Rosa, construidos en Santiago por la Caja de Crédito Hipotecario o el Consejo Superior de Habitaciones. En el caso de las poblaciones que se analizan, el entramado asociativo se cimentó en i) las redes sociales que antecedieron con mucho a la inauguración de cada conjunto residencial y ii) la agencia de cada

asociación en el proceso de edificación. En ese sentido, el espacio construido fue posterior a la formación del grupo barrial que le imprimió sus atributos sociales y culturales, al punto que siguen siendo poblaciones reconocidas en el Santiago actual 62 .

Debido a ello cobra relevancia restituir la historicidad de las iniciativas que los artesanos y gráficos tomaron durante la tramitación y construcción de sus respectivas viviendas, a pesar de que como soluciones habitacionales dejaron más de alguna frustración entre sus habitantes ya sea por el número, la calidad de la construcción o la lentitud con que los servicios urbanos quedaron en funcionamiento (incluso con años de demora).

El involucramiento de cada organización en las poblaciones dejó huellas tanto en la concepción como en el desarrollo del equipamiento definitivo con que se dotaron. Por eso fueron habitadas y compartidas cuando todavía eran una simple maqueta, como la insertada en relación con la población de Los Gráficos (imagen 1). A través asambleas generales, extraordinarias y comisiones especiales se determinaron, en negociación con empresas constructoras, las condiciones de cada proyecto según las diferentes opciones de predios, tipos de viviendas, planos y el costo mensual que se exigiría.

En esas instancias concurrieron los miembros interesados de las sociedades obreras, como se sigue de las actas o resúmenes de las reuniones publicados en las columnas de Vida Obrera del matutino La Nación (1925-1929). Un involucramiento que en otras poblaciones modelo de la ciudad, como Huemul o San Eugenio, por haber nacido de un proceso vertical liderado por entidades del Estado, comenzó solo después de la asignación de las viviendas; cuando cada familia se había convertido en “adquiriente” que, vale precisar, no era

sinónimo de propietario.

El diseño institucional de 1925 explica la importancia de ese rasgo singular, nuevo para las organizaciones. El Consejo de Bienestar Social se limitaba a resolver la consistencia técnica del conjunto residencial que se le presentaba –de ahí que entre sus miembros hubo arquitectos y constructores–, mientras que la Caja de Crédito Hipotecario revisaba si los títulos y garantías que obligaba la ley se cumplían satisfactoriamente. Con el interés de estimular el capital privado, se estipuló que las asociaciones obreras, cooperativas de edificación u otras, trataran las características específicas de cada proyecto con las empresas constructoras en forma directa. Mediante este diseño, por primera vez en la experiencia organizativa de algunas asociaciones se desarrollaron discusiones colectivas sobre la formación de una población propia.

En esto también participaron decenas de arquitectos y constructores 63 , una vez constituido un nicho del mercado inmobiliario originado en la repentina disponibilidad de recursos vía deudas hipotecarias para trabajadores. Un interés que hizo desdeñar la proyección de poblaciones sofisticadas desde el punto de vista de su distribución y estética como sí ocurriría en experiencias ligadas al modelo de ciudad-jardín. En el fondo, siempre se trató de disminuir los costos de edificación y por eso fue campo abierto para todo tipo de inconvenientes dado que no hubo un organismo técnico que supervisara cada negociación entre

particulares 64 . Para diferentes observadores, este déficit del marco institucional fue el responsable de los proyectos frustrados. O, como mínimo, fue uno de los factores más difíciles de superar.

Las huellas de las tratativas iniciadas por las asociaciones de trabajadores para conseguir una población tienen una amplitud nada desdeñable. En una sesión extraordinaria de la sociedad Andrés Bello, por ejemplo, se acotó que “después de un amplio debate y salvo algunos detalles, se aprobó la nota de la Sociedad Constructora de Habitaciones para Obreros que auspicia el Consejo de Bienestar Social” 65 . Tras ello se determinó “autorizar al presidente para que tramite y dirija estos asuntos ante la empresa constructora”, quien con diligencia máxima, y apoyado en una comisión de once miembros, tomó la tarea de estudiar “la ubicación de las propiedades, el material de construcción y todo lo relacionado con este asunto” 66 . Gracias a esto, en una reunión posterior se acordaría “aceptar en todas sus partes las proposiciones de la firma constructora Cereceda, salvo algunos pequeños detalles” 67 . Aunque solo es posible especular sobre cuál fue el tenor de estos últimos, es de todo interés consignar que la asamblea escogió, con pocos días de diferencia, una empresa constructora diferente. Algo comprensible porque las asociaciones obreras y los constructores tuvieron que superar desconfianzas y concordar condiciones en negociaciones en que opinaban numerosos interesados de acuerdo con el costo, características o el emplazamiento de las viviendas. La dinámica de estas tratativas muestra

que en el horizonte de algunos sectores del trabajo de la ciudad, prosperó el anhelo de alcanzar la propiedad en breve plazo y con ello conseguir un antídoto contra la incertidumbre económica de la época –donde la cesantía estuvo a la orden del día, todavía más al comenzar los años treinta–, la vejez o, mejor aún, un recurso con el cual aumentar el patrimonio familiar proyectándolo para el

futuro 68 .

Vicente Espinoza sostiene que “la Liga de Arrendatarios encarnaba una ideología más relacionada con el sindicalismo que con el mutualismo; éste era fuerte entre los pequeños propietarios; los arrendatarios, en cambio, tendían al enfrentamiento” 69 . Siguiendo una perspectiva similar, cabría precisar que mientras una mayoría de arrendatarios (de conventillos) se congregaba en multitudinarias concentraciones y asambleas barriales articuladas por una Junta Central, las organizaciones sobre las que se viene tratando tomaron distancia de las acciones directas que estas habían iniciado 70 . Antes bien, intentaron aprovechar para su propio bienestar los recursos estatales ofrecidos en calidad de

préstamo hipotecario, persuadiéndose de que la institucionalidad les permitiría acceder a un espacio sólido donde cultivar sus respectivos hogares.

En tal caso, las organizaciones discutieron en forma colectiva la formación de una población que, en el papel, debía cumplir los requerimientos propios de la modernidad urbanística de la época. Así, mientras una mayoría de trabajadores de la ciudad impugnaba los arriendos, algunos operarios de imprentas, empleados, comerciantes y trabajadores de todo tipo incorporados a la Sociedad de Artesanos “La Unión” se ocuparon de la “casa propia”, de construir un espacio privado e higiénico para sus respectivas familias definiendo un camino en su experiencia de habitar diferente, distintivo y ejemplar respecto a otros sectores populares.

Para canalizar esa posibilidad, la Sociedad de Artesanos y la cooperativa de tipógrafos tuvieron que valerse de las experiencias asociativas propias del mutualismo, pero también de las estrategias de organización del mundo del trabajo ligadas al cooperativismo que a fines de 1924 se habían incorporado a la legislación social. Un medio de asociación que en relación con la edificación

no reprodujeron experiencias democratizadoras o socializantes como se ha estudiado en el cooperativismo de Francia y Bélgica, donde a fines del siglo XIX este tipo de organizaciones habrían favorecido el despliegue del socialismo 71 . Una posibilidad analítica que no tiene asidero entre quienes se incluyeron en las poblaciones de Santiago, debido a que la cooperación era útil para ampliar el patrimonio familiar y, por ello, fortalecía una solución individual.

A pesar de esto último, el proceso de construcción de cada vivienda descansó en las fortalezas del colectivo. Las tratativas de la Sociedad de Artesanos “La Unión” fueron tan intensas como las de la Sociedad Andrés Bello que, a mediados de 1926, definió su inclusión por unanimidad a la de Artesanos tras el incendio de su propio centro social 72 .

Entre 1925 y 1926 la comisión de Edificación se ocupó de todos los aspectos de la futura población de la Sociedad de Artesanos. Sus actividades contemplaban el “registro, para que los socios que quieran adquirir casas nuevas, puedan pasar a firmar e imponerse de los planos modelos de casas y precios” 73 , la selección de la constructora, del emplazamiento y el estudio de los costos pormenorizados del proyecto. Según el secretario, José Ignacio Moya, la firma constructora Cereceda y Cía. fue la primera en acercarse para ofrecer “casas, cuyo valor fluctuará entre cinco y veintinueve mil pesos”, aseverando que “en la propuesta que conoció el

Directorio se ofrecen terrenos que están ubicados en diversos barrios, tales como Independencia, Alameda, Providencia”. A partir de esas conversaciones, Moya precisaría que “las casas se construirán todas iguales”, pero “indudablemente, la forma cómo se repartirá el terreno en la construcción de las casas, se hará a gusto del interesado” 74 . De todos modos, estas conversaciones solo fueron eso. Desde que se informara en una asamblea transcurrían casi dos meses de sucesivas reuniones antes de que se tomaran definiciones. En septiembre de 1925 aún se leía que “mañana a las siete de la tarde deberá reunirse la Comisión especial nombrada por el Directorio, que deberá informar sobre la adquisición de casas para los socios” 75 . Y, en noviembre, se adelantaba la posibilidad que “una firma constructora alemana es la que efectuará los trabajos” 76 , en alusión a la Compañía General de Construcciones.

Considerando lo anterior, antes que se iniciaran los trabajos de la población en febrero de 1926, se produjo un proceso lento de toma de decisiones en forma colectiva. Lo que concluyó con la elección de un predio en las cercanías de la Plaza Chacabuco –en Independencia–, un sector de la ciudad que, si bien contaba con movilización, carecía de otros servicios como electricidad y alcantarillado. Por esta razón, en la recepción final de la población, a mediados de 1927, cada vivienda tenía pozo séptico como era lo habitual en la periferia “informal” de la capital del país.

Esta última indicación es relevante para significar los alcances y problemas que se abordaron en las definiciones de las poblaciones sujetas al Decreto Ley n.°308. Ante la necesidad de disminuir los costos, las poblaciones creadas bajo esta normativa se ubicaron en los extramuros de la ciudad de 1930 y, quizás, por eso los postulantes a estas viviendas nunca fueron multitudes. En las reuniones de la Sociedad de Artesanos, la inscripción de interesados fue más bien lenta entre sus casi quinientos socios. De hecho, no es claro que ellos hayan copado la totalidad de las casas en un comienzo. Las familias debían demostrar capacidad para cumplir con el canon que se exigiría una vez entregada la casa en torno a la plaza Chacabuco. Esta reticencia se percibe en una de las actas del mes de abril de 1926, cuando los trabajos de la población ya estaban en franco adelanto. En la ocasión se acotó: “los socios que están interesados en adquirir casas se pueden dirigir todos los días a cualquiera hora [al local o a la población], y serán atendidos por las personas antes dichas, más el señor José González, contratista de la firma” 77 . Si se sigue esto, algunas familias debieron convencerse por sí mismas, imponiéndose de modo directo en los 58 000 metros cuadrados con que contaba la población antes de entregar un voto de confianza a la Sociedad, además de su patrimonio en el proyecto de edificación. Además, debieron esperar tanto como pudieron para incorporarse a la población que se inauguraría el 16 de mayo de 1926 con la primera entrega de 30 casas, entre otras cosas, porque su ubicación periférica no debió ser una solución aceptable para todos. Mientras, para unos era retirado en 1930, para otros era un área

agradable para escapar del atolladero de las arterias centrales de la ciudad o de los tugurios que habitaban.

Las actas pesquisadas de la Sociedad de Artesanos no permiten desentrañar el tenor de la evaluación de cada familia incorporada a la población. Pero la fecha tardía en que el directorio insistía en invitar a nuevos socios para incorporarse al proyecto, sugiere que el proceso estuvo restringido para un selecto número de familias de la decana del mutualismo de Santiago, porque ni las gestiones

políticas de Vicente Adrián, ni la reconocida trayectoria de la entidad eran suficientes motivos para superar la evaluación financiera de cada postulante en particular. El costo de las viviendas fue materia de preocupación incluso durante la construcción. “De común acuerdo con la Comisión de Edificación de la Sociedad de Artesanos “La Unión”, [añadía la empresa constructora] se embaldosaron en

sustitución de patio, las verandas –que son patio cubierto–”. De igual modo, se “convino en aceitar todos los cielos de cornisas” en reemplazo de la pintura al óleo que figuraba en el contrato original de la población 78 . Dos adaptaciones,

argumentaría la empresa, tomadas de común acuerdo con la Comisión de Edificación en el interés de no seguir abultando el valor final de cada vivienda, que tuvieron un sobrecargo de 500 000 pesos sobre el presupuesto original 79 . Esto último, motivo suficiente para que el Ministerio de Higiene realizara una acuciosa investigación y se entrevistara con los vecinos de la población una vez entregados los planos de manera oficial el primer semestre de 1927 El detalle de las negociaciones con las empresas constructoras, la definición de las características básicas de la población y la conformidad con la recepción de cada vivienda, son relevantes para destacar la presencia orgánica de la Sociedad de Artesanos en el proceso de construcción, un hito en sus tareas de sociabilidad y ayuda mutua en sus 65 años de existencia. Una presencia que en 1928 comenzaría a diluirse no sin recriminaciones, dada la labor realizada

por la Cooperativa Poblacional Chacabuco en la que se incluyeron los vecinos de la población “La Unión”, pero también miembros de otras organizaciones mutuales que habían llegado a sus inmediaciones (entre ellas, familias ligadas a la sociedad Dávila Baeza). En adelante, los moradores de las viviendas formalizaron sus actividades con autonomía e independencia respecto a la mutual original 80 , aunque manteniendo un repertorio de prácticas similares si se considera que la Cooperativa Artesanos “La Unión” de la Población Chacabuco, durante la década de 1930, procuró mejoras en la plaza de la población con juegos

infantiles, cancha deportiva 81 y estableció un nexo íntimo con el Departamento de Extensión Cultural del Ministerio del Trabajo, accediendo a charlas periódicas sobre legislación social, higiene y expresiones artísticas. A propósito de ese “giro” organizativo, la población “La Unión” se convertiría en la Población Chacabuco, nombre que ha perdurado hasta la actualidad.

En momentos de crisis y de agitación social, la elite reformista impulsó una nueva legislación referente a la habitación popular en el transcurso de los años veinte. Su objetivo nunca fue resolver el conjunto de las variables que incidían en un mercado inmobiliario restringido, ni mucho menos terminar en forma inmediata con la existencia de los conventillos. El diseño original que se colocó en funcionamiento con el Decreto Ley 308, aun cuando se señaló lo contrario, fue más modesto tanto por las posibilidades de financiamiento como por los grupos de trabajadores que estaban invitados a incorporarse en su égida. En ese contexto, el rasgo más llamativo de la institucionalidad no fue el número de viviendas creadas sino la incorporación de asociaciones obreras en el proceso de edificación de sus propias poblaciones.

A través de estos conjuntos residenciales, sectores específicos de trabajadores de la capital tuvieron opciones de desarrollar condiciones de vida familiar diferentes a las predominantes en torno al conventillo o, como lo analiza Ana Cravino para Buenos Aires, cualquier otra forma de habitar popular reconocible en mejoreros, pensionistas, allegados y rancheríos 82 . Las poblaciones que se edificaron en la capital permitieron que el hogar y la privacidad se consolidaran como cimiento de una sociabilidad barrial. La búsqueda de un estilo de vida ejemplar y respetable dado que se ceñía a una clave de vida signada por la higiene moderna, difundida entre los sectores más conspicuos del mundo del trabajo urbano, fue el cimiento sobre el cual se comprende la respuesta favorable de algunas organizaciones de trabajadores y empleados frente a la nueva política habitacional. Con los Artesanos “La Unión” y los Gráficos se ha intentado relevar la multitud de actividades y problemas que enfrentaron estas entidades para aprovechar las regalías ofrecidas por el Estado a partir del Consejo de Bienestar Social, y las condiciones que explican el éxito relativo que obtuvieron al construir dos conjuntos residenciales íconos de las políticas habitacionales de la época.

El impacto de la ley en estas dos agrupaciones de trabajadores debería servir para discutir factores no-ideológicos sobre la influencia alcanzada por el ibañismo en la ciudad de Santiago. La discusión historiográfica sobre el grado de difusión del corporativismo como medida de evaluación del ibañismo y, en complemento, el debate acerca de la eficiencia o extensión de la represión activa sobre las organizaciones populares que tuvo su administración, podría avanzar por canales alternativos para explicar el apoyo social que con toda lucidez captara Jorge Rojas respecto de la dictadura en 1927 83 . Con el fomento de la edificación en los años veinte se colocó de manifiesto una mayor injerencia estatal y se sustituía el principio de caridad por el de compromiso del ente público como articulador de una mayor cohesión social por lo que se estaba ofreciendo una salida de largo plazo para fortalecer el apoyo de los distintos actores sociales a la nueva institucionalidad.

Cuando se toma atención a las organizaciones y directivas que se interesaron en el Decreto Ley 308 en aras de una población, varias fueron próximas a las iniciativas del régimen ibañista, convergiendo con sus autoridades. Si bien, se ha delimitado el campo de observación en los “artesanos” y los “gráficos”, lo cierto es que hubo una respuesta bastante más amplia entre 1925 y 1932. Por ejemplo, el Consejo Obrero Social llegó a formar su propia población como también el gremio de los peluqueros, choferes, reparticiones de empleados públicos y comerciantes, todos quienes desde 1926 recién iniciaban sus contactos con el rostro social del Estado que se estaba formando. Una propuesta programática que no pocos de ellos cuestionaron –por sus efectos perjudiciales en sus respectivas entidades mutuales– pero que por norma general estuvieron dispuestos a aceptar en pro de una modernización en las relaciones del Estado con el mundo del trabajo urbano. De acuerdo con ello, el interés en las asociaciones que se permitieron pensar en la edificación es útil para comprender una tradición que, aun con desconfianza o recelo, consideró que el Estado era útil en sus anhelos de protección frente a la precariedad generalizada de la vida citadina y que demostró pocas dudas en tomar distancia de propuestas maximalistas o radicales de redención social durante la década de 1920.